El tripartito evita el choque con la patronal valenciana y cede en la ley de residuos

La ley de residuosera uno de los debates pendientes más relevantes en el tramo final de legislatura. El pasado martes salió adelante en la comisión de Medio Ambiente de las Cortes Valencianas por un acuerdo entre los grupos que sustentan al Gobierno autonómico (PSPV, Compromís y Podemos). Todos ellos se muestran satisfechos, aunque determinadas cuestiones han sido modificadas repecto al planteamiento inicial debido a las discrepancias.

La norma, propuesta por Podemos, contaba con el criterio favorable del Consell que, sin embargo, la consideraba innecesaria puesto que muchos de los aspectos que aborda ya se encuentran reflejados en su propio plan. El PIR (Plan Integral de Residuos) que prepara la Generalitat trata de dar respuesta a las recomendaciones y a la normativa de la Unión Europea, un argumento en el que también se basaba Podemos en la ley presentada, pero en la que iba más allá.

En ella, por ejemplo, incluían el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (conocido como SDDR), una de sus batallas más destacadas de esta legislatura pero a la que el Ejecutivo autonómico se resiste. De hecho, en su momento generó importantes enfrentamientos en el seno de la propia Conselleria de Medio Ambiente.

La ley, que incide en reducir la producción de desechos y apostar por la economía circular, planteaba otras cuestiones como que en los establecimientos hosteleros sea obligatorio ofrecer a los clientes la posibilidad de consumir agua no envasada de forma gratuita; que no se distribuyan bebidas en envases de un solo uso en edificios o en eventos públicos; o que se promueva la instalación de fuentes de agua potable en espacios públicos. Proponía, del mismo modo, la creación de nuevos organismos, como la Agencia Valenciana de Residuos o el Fondo Ambiental de Gestión de Residuos.

Podemos también pretendía evitar que todo producto alimentario que pueda venderse a granel se comercialice envasado en plástico; que hubiera una recogida selectiva de residuos del hogar como compresas, tampones y pañales; o prohibir la fabricación de cualquier tipo de producto con objetivos de obsolescencia programada.

Choque con la CEV

La iniciativa chocaba frontalmente con las patronales de empresarios, las grandes marcas y los supermercados. Uno de los motivos por los que el PSPV nunca se ha mostrado del todo convencido y Compromís tenía dudas. Las alegaciones de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) recogían la supresión de numerosos artículos al considerar que eran imposibles de aplicar o que generaban inseguridad jurídica.

Finalmente, se ha conseguido acercar posturas con la patronal y eliminar la práctica totalidad de los apartados sobre los que se mostraban contrarios. Especialmente destacados son los relativos a la venta a granel, los pañales o la obsolescencia programada. En este último caso, en la ley que ya tiene luz verde únicamente se apunta al hecho de promover y fomentar que no se fabriquen productos con estos objetivos.

La diputada de Podemos Beatriz Gascó, en las Cortes Valencianas
La diputada de Podemos Beatriz Gascó, en las Cortes Valencianas – ROBER SOLSONA

En cuanto al SDDR, los tres partidos han acordado que, desde el momento en el que la ley entre en vigor, la Generalitat realice en el plazo de un año una evaluación del funcionamiento del actual sistema de recogida de residuos. A su vez, impulsará estudios de viabilidad de otros modelos. En el caso de que exista uno mejor o se incumplan los objetivos que marca la ley estatal de residuos de 2011, el Consell podría implantar el SDDR. En definitiva, se crea el contexto para poner en marcha este modelo pero no se impone.

La nueva ley también contempla un impuesto de incineración y vertido municipal a partir de 2021. Los beneficios económicos resultantes podrán revertirse por parte de los Ayuntamientos en reciclaje y prevención. Se creará, del mismo modo, la Agencia de Residuos.

En todas las cuestiones relativas al agua los partidos todavía no han llegado a un entendimiento, de modo que quedan pendientes para el pleno en el que se aprobará el texto.

Tanto desde Podemos como desde Compromís se muestran conformes con el acuerdo alcanzado. La diputada de la formación morada Beatriz Gascó considera que el marco legal de la norma se homologa «por fin» a Europa y supone un gran avance. «Nuestra prioridad era la actualización del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana y un cambio legislativo que replanteara los parámetros para adaptarlos a las nuevas premisas de economía circular, que mejorara nuestra situación y evitara las multas que se prevén desde la Unión Europea. Nuestro lema es invertir ahora para no pagar multas después», explicaba en un comunicado el pasado fin de semana.

Por su parte, la parlamentaria de Compromís Teresa García se complace de haber acercado posturas con los empresarios y de haber pactado aspectos con Podemos cuya aplicación resultaba complicada.

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