El Tribunal Supremo apreció un delito contra las instituciones del Estado

El Tribunal Supremocondenó en 2015 a ocho involucrados en el asalto al Parlamento catalán que tuvo lugar en 2011, y apreció un delito contra las instituciones del Estado. La calificación del Alto Tribunal, la cumbre del sistema judicial, llegó tras enmendar la plana a la Audiencia Nacional, el tribunal que enjuició los hechos sin apreciar ningún delito.

Al revisar la primera sentencia, el Alto Tribunal acusó a la Audiencia Nacional de «banalizar» la democracia al situar la libertad de expresión y de reunión por encima de los derechos de los representantes del pueblo catalán a ejercer sus funciones legislativas. «La historia europea ofrece elocuentes ejemplos en los que la destrucción del régimen democrático y la locura totalitaria se inició con un acto violento contra el órgano legislativo», advirtió entonces la Sala Segunda, la de lo Penal, que alertó de la gravedad de no castigar lo que sucedió.

Los hechos tuvieron lugar el 15 de junio de 2011, cuando una concentración convocada por la plataforma del 15-M derivó en el asedio a más de una decena de parlamentarios regionales, entre ellos Artur Mas, cuyo vehículo oficial fue golpeado y zarandeado hasta el punto de que tuvo que acceder al Parlament en helicóptero.

El fallo del Supremo, redactado por el magistrado Manuel Marchena, dejó claro que los acontecimientos «violentos» atacaron «los valores superiores del orden democrático». El Supremo impuso una condena de tres años de prisión a ocho acusados, después de que la Audiencia Nacional absolviera a los veinte enjuiciados, con el voto particular en contra de Fernando Grande-Marlaska.

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