El PSPV dio a Jorge Rodríguez vía libre para repetir en Ontinyent pese a que fue detenido por corrupción

El expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, no ha podido ser proclamado oficialmente candidato a la alcaldía de su municipio, Ontinyent, del que es primer edil. Este martes finalizaba el plazo para que las normas internas del PSPV-PSOE le dieran luz verde si no encontraba impedimentos: que la mitad de la militancia o de la ejecutiva local pidiera la celebración de primarias para que pueda batirse con un rival.

Nadie lo ha solicitado, tal como se esperaba y como confirman desde el PSOPV , el cual ha decidido no poner ningún obstáculo pese a su situación judicial. La única localidad en la que se han presentado las firmas es en la Vila Joiosa, las cuales ahora se tendrán que validar. Sin embargo, el secretario de Coordinación Territorial del PSOE, Santos Cerdán León, ha enviado una carta a los secretarios de Organización del PSPV de la Vall d’Albaida y Ontinyent para indicarles que Jorge Rodríguez no puede ser candidato del PSPV-PSOE en las primarias para designar el candidato a la alcaldía de Ontinyent.

En la misiva, se especifica que los militantes que suspendidos cautelarmente de militancia, como es el caso de Jorge Rodríguez, no pueden participar en los procesos de primarias para elegir candidatos a alcaldías y diputaciones.

Con este posicionamiento, la dirección federal del PSOE se opone formal y frontalmente a que Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent y expresidente de la Diputación de València, suspendido de militancia tras su detención e imputación en la Operación Alquería

Rodríguez fue detenido el pasado junio, junto con otros cargos de la diputación, en el marco de la llamada Operación Alquería. Una investigación policial y judicial por la gestión de varias contrataciones en la empresa pública Divalterra. La causa, que todavía permanece secreta, fue abierta por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, si bien en su vertiente de administración desleal.

Las sospechas se centrarían en siete nombramientos con contratos de personal de alta dirección creados de forma ficticia y arbitraria en 2015 -aunque anulados hace varios meses- y en los que se habría colocado a personas afines a los partidos políticos (PSPV-PSOE y Compromís, formación a la que también afecta el caso) pese a tener hasta doce informes jurídicos en contra.

Rodríguez, junto al resto de arrestados, permaneció una noche en los calabozos hasta que al día siguiente pasó a disposición judicial y quedó en libertad con cargos sin medidas cautelares. Pocos días más tarde presentó su dimisión como presidente de la corporación provincial, pero se aferró a su acta en Ontinyent, un municipio de más de 35.000 habitantes donde mantiene un gran apoyo de la militancia y de los cargos locales del partido. Ahora tratará de revalidar la alcaldía a la espera de lo que deparará la investigación en marcha.

Fuentes del partido remarcan que, aunque Rodríguez fue suspendido de militancia, no está expulsado, por lo que según los estatutos puede presentarse bajo las siglas del PSPV. Se trata, sin embargo, de una maniobra arriesgada que puede debilitar la marca con cualquier novedad de la causa. Pese a todo, su líder, Ximo Puig, defendió este lunes que «quien decide la presentación o no de un candidato en el Partido Socialista no son los jueces, sino la ética». A partir del levantamiento del secreto de sumario, señalan, verán «qué hay» según el criterio propio de la formación y no el judicial.

Si la cuestión se complica, fuentes de la ejecutiva nacional detallan que se reservan el derecho a decidir en última instancia, evidenciando que no están del todo de acuerdo con la gestión del PSPV con este asunto, aunque tampoco intervendrán por el momento.

En ambas direcciones son conscientes del tirón de Rodríguez, del apoyo de las bases y de que, además, puede arrastrar unos votos clave para seguir controlando la Diputación de Valencia.

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