El PSOE pretende suprimir títulos nobiliarios que concedió el Rey

En su afán por recuperar los votos de la izquierda más radical, el PSOE quiere endurecer la Ley de Memoria Histórica e incluir una revisión de los títulos nobiliarios que fueron concedidos entre 1948 y 1977. La medida afectaría a los 40 títulos que concedió Franco y a los siete que otorgó Don Juan Carlos en plena Transición, cuando se hicieron enormes gestos de generosidad por parte de las dos Españas para lograr la reconciliación tras la Guerra Civil y la dictadura.

En ese ambiente de concordia, el mismo Rey que validó los títulos concedidos por Franco, reconoció años después a destacadas personalidades que habían tenido un protagonismo especial en la España republicana, como fueron Josep Tarradellas, fundador de ERC, o el doctor Gregorio Marañón, ya fallecido, en cuya casa se decidió el 14 de abril de 1931 la salida de Alfonso XIII al exilio y la proclamación de la II República. Aunque después, en los primeros meses de la Guerra Civil, el médico tuvo que huir al destierro para salvar su vida al convertirse en objetivo de comunistas y anarquistas. En la carta de concesión del título, Don Juan Carlos definió a Marañón como «un auténtico intelectual cuya figura marcó la época de la historia que le tocó vivir».

La revisión de títulos nobiliarios es una de las medidas incluidas en la proposición de ley defendida por el PSOE que el Gobierno admitió a trámite el pasado 30 de julio y que ahora ha decaído al disolverse las Cortes, pero podría volver a plantearse en la próxima legislatura, dado el interés de algunos sectores de la izquierda por remover el franquismo y cuestionar el proceso de la Transición.

Según esa proposición, el ministro correspondiente tendría que hacer un catálogo de los títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1977 que, en su opinión, representen la exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura, y éstos serían suprimidos.

La Constitución de 1978 establece que corresponde al Rey «conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes», y lo que el PSOE pretende es cambiar la ley y aplicarla con efecto retroactivo, de forma que el Gobierno pueda suprimir títulos que han sido otorgados o validados por el Monarca de acuerdo con la legalidad vigente.

Para José Luis Sampedro, vicepresidente de la Asociación de Diplomados en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, «esta iniciativa merece una reflexión acerca del papel que deben jugar el Ejecutivo y el Legislativo en una sociedad a cuyo bienestar deben servir, sin autoeregirse en tribunales históricos de barata moralina que producen simas sociales repartiendo patentes maniqueas que valoran los actos de los españoles de hace décadas. ¿De dónde les viene a los legisladores la autoridad para, aplicando criterios del siglo XXI, condenar las actuaciones de sus antepasados? ¿En qué se basan los políticos de 2019 para determinar qué títulos nobiliarios fueron correctamente otorgados desde 1948? ¿En sus filias y fobias ideológicas?».

Pretensión neorrepublicana

Pretensión neorrepublicanaLa pretensión neorrepublicana del PSOE también ha sorprendido a numerosos aristócratas, que han trasladado su rechazo a ABC. Uno de los más indignados es Rafael de Aguilar Poyatos, conde de Bobadilla, título concedido por Carlos I en 1543. En su opinión, «todo lo que tiene que ver con los títulos nobiliarios es competencia exclusiva del Rey. El Rey los concede como fruto de unas atribuciones históricas preexistentes a la Constitución, que nuestra Carta Magna le reconoce como propias».

«Si había alguna duda sobre si nuestra Monarquía parlamentaria consideraría válidos los títulos concedidos por Franco, esta desapareció cuando los Reyes Don Juan Carlos y Don Felipe fueron firmando las cartas de sucesión de los mismos con total naturalidad y sin causar asombro a presidente alguno del gobierno, ya fuera de UCD, PSOE o PP. Los títulos concedidos por Franco son y deberán seguir siendo válidos, no porque Sánchez malentienda a su capricho que es más democrático suprimir los títulos dados en una dictadura, sino precisamente porque estamos en un Estado democrático de Derecho cuya Constitución reserva esta facultad a Su Majestad el Rey. Pretender lo contario es una intromisión ilegítima e inconstitucional en la esfera de las competencias del Rey», añade el conde de Bobadilla.

Si esta pretensión prospera, será la primera vez que un Gobierno suprima en Monarquía un título concedido o validado por el Rey, algo que solo se hizo durante las dos Repúblicas, aunque la I República (1873-74) los restableció un año después de suprimirlos al considerar «necesarias tales mercedes o distinciones para recompensar los relevantes merecimientos de los ciudadanos y perpetuar con un nombre sus hazañas y servicios», explica la profesora de la Universidad de San Pablo-CEU Beatriz Bullón de Mendoza, autora del libro «Sucesiones nobiliarias: toda la Jurisprudencia».

Es más, la República llegó a conceder títulos nobiliarios, añade José Luis Sampedro. Según explica, las Cortes republicanas ratificaron en febrero de 1873 el marquesado que Amadeo de Saboya había concedido a Carlos Pickman (fundador de la empresa de cerámica de la Cartuja de Sevilla) y llegaron a conceder títulos nobiliarios, como fueron los marquesados de la Granja de San Saturnino, de Constantina y de Méndez Núñez, y el condado de Casa González.

España, un pueblo de caballeros

Curiosamente, destaca Bullón, una de las alabanzas «más encendidas de la nobleza española» es la que figura en la Exposición del Decreto de 25 de mayo de 1873 que suprimió los títulos. El texto, firmado por Nicolás Salmerón y escrito por Montero Ríos, define a la nobleza española como «la primera del mundo por su bravura en los campos, por su prudencia en los consejos, por su humanidad con los que la errada opinión de entonces suponía sus inferiores. Ninguna realizó tan portentosas hazañas, ninguna escribió más sabias leyes, ninguna abrió con más amplitud las puertas de su orden a todo género de méritos, haciendo de nuestra España un pueblo de caballeros».

Según Sampedro, el decreto de la I República disponía que «no se concederían títulos ni dignidades nobiliarias, ni se expedieran cartas de sucesión de los existentes, prohibiendo emplearlos en documentos oficiales, pero establecía que no se pondrá impedimento por las autoridades al uso en las relaciones privadas de los títulos que se poseyesen, pero que en ningún caso podría pedirse la intervención de los poderes públicos». Además, añade Bullón, en su artículo 4 disponía que «cualquier ciudadano pueda, de la misma manera, perpetuar hechos gloriosos o recuerdos familiares, es decir autoriza a todos los ciudadanos a adornarse con los títulos que tuvieran por conveniente elegir».

La propia República derogó este decreto un año después bajo la presidencia del general Serrano, y el 25 de junio de 1874 restableció los títulos nobiliarios. En el Preámbulo del decreto, el ministro de Justicia Alonso Martínez decía que «sería un grave error» considerar esas mercedes «solo compatibles con la Monarquía», recuerda la profesora Bullón, y reconocía que «los verdaderos titulados han seguido siéndolo en la común opinión, y nadie se ha atrevido, por no caer sin duda en el menosprecio de los demás, a darse títulos de distinción de su propia personalidad».

Más de medio siglo después, la II República volvió a suprimir estos reconocimientos en la Constitución de 1931 («el Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios»), y en 1948, cuando España volvió a ser declarada Reino, se restablecieron porque constituyen «la mejor manera de mantener vivo y perenne el recuerdo de las grandes glorias de la nación, a la par que de expresar su gratitud a aquellas personas que le, han prestado servicios relevantes», relata Bullón. Fue entonces cuando Franco se atribuyó la tradicional prerrogativa del Rey de otorgar Grandezas de España y títulos del Reino y, en la democracia, los Reyes los fueron validando.

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