El ¬ęproc√©s¬Ľ y sus protagonistas, desactivados por la Justicia

El proceso independentista ha chocado de frente con los muros de la Justicia. Los tribunales irrumpieron en la recta final del √≥rdago secesionista para obligar a sus responsables a rendir cuentas. Todos los protagonistas del ¬ęproc√©s¬Ľ -los antiguos gobernantes catalanes, los legisladores auton√≥micos y los agitadores del separatismo en las calles- se encuentran investigados por los jueces, tanto en los tribunales catalanes como en los que tienen jurisdicci√≥n en toda Espa√Īa. Un a√Īo despu√©s de aquel oto√Īo caliente, que tuvo su auge en el refer√©ndum ilegal del 1 de octubre, se acerca la hora de la verdad: los juicios que dictaminar√° qu√© sucedi√≥ en Catalu√Īa y sus consecuencias.

La causa principal avanza en el Tribunal Supremo, la c√ļspide del sistema penal espa√Īol. 18 dirigentes secesionistas se sentar√°n en el banquillo, acusados de alentar una insurrecci√≥n para alcanzar la independencia de Catalu√Īa por v√≠a ilegal, enfrentando a la sociedad catalana contra el Estado. Faltar√° en el banquillo el gran art√≠fice del desaf√≠o: el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que se fug√≥ a B√©lgica para escapar de las consecuencias penales de sus acciones. El juicio se celebrar√° previsiblemente a principios de 2019.

Seg√ļn ha podido saber ABC, la intenci√≥n es dejar pasar las navidades para no tener que interrumpir por las fiestas una vista que se antoja larga; un m√≠nimo de tres semanas, que podr√≠an alargarse dos o tres meses en funci√≥n de las pruebas que pidan las partes que se practiquen. De todas formas, todav√≠a falta que se abra el plazo para que la Fiscal√≠a -y el resto de las partes personadas- presente su escrito de calificaci√≥n, en el que previsiblemente acusar√° por el delito de rebeli√≥n.

El gran debate de esta vista ser√° la rebeli√≥n. El instructor, el magistrado del Supremo Pablo Llarena, atribuye este delito a trece dirigentes independentistas, entre ellos el exvicepresidente Oriol Junqueras, que ser√° el principal rostro de los acusados. El delito de rebeli√≥n castiga a aquellos que declaran la independencia de una parte de Espa√Īa a trav√©s de un alzamiento p√ļblico y violento. Llarena considera que los l√≠deres del ¬ęproc√©s¬Ľ asumieron la violencia como un medio aceptado para alcanzar la secesi√≥n. Las defensas niegan cualquier delito y alegan que es una causa pol√≠tica contra el independentismo.

El juez destaca dos hitos para argumentar el componente de la violencia y se fija precisamente en el referéndum independentista ilegal, que el Tribunal Constitucional prohibió con antelación. Llarena explica que el asedio a la Guardia Civil que tuvo lugar el 20 de septiembre anticipó el riesgo de brotes violentos en la jornada del 1 de octubre, un espejo que no frenó a los líderes secesionistas. El 20-S una masa de independentistas destrozó tres vehículos oficiales y retrasaron durante horas la salida de la comitiva judicial que registraba la sede de la Consejería de Economía por orden de un juez.

Aun as√≠, la Generalitat de Puigdemont mantuvo la convocatoria del refer√©ndum ilegal y llam√≥ a la votaci√≥n. ¬ęImpulsar a todos ellos a que hicieran frente al amplio despliegue policial del 1 de octubre y a que defendieran el recuento de la votaci√≥n supone, no ya aceptar el riesgo de una violencia claramente representable, sino directamente impulsar a una masa ciudadana a que desborde por la fuerza cualquier intento de contenci√≥n del Estado¬Ľ, manifest√≥ Llarena en el auto de procesamiento.

Seis procesados en esta causa (Junqueras, Turull, Rull, Romeva, Forcadell y Bassa) se encuentran encarcelados de forma preventiva para evitar que reincidan en los delitos o se fuguen, como hcieron Puigdemont y otros seis responsables del procés: Comin, Ponsatí, Serret, Puig, Anna Gabriel y Rovira. Llarena retiró las órdenes de entrega contra los huidos ante la falta de colaboración de las autoridades de Bélgica y Alemania.

En el otro extremo de la plaza madrile√Īa de la Villa de Par√≠s, donde se ubica el Supremo, tambi√©n se sit√ļa la Audiencia Nacional, el tribunal que investiga el rol de la c√ļpula de los Mossos d’Esquadra en el ¬ęproc√©s¬Ľ. Esta causa, en la que el principal procesado es el major Josep Llu√≠s Trapero, se encuentra tambi√©n a la espera de los escritos de acusaci√≥n. En todo caso, seg√ļn ha podido saber este diario, el juicio de la Audiencia Nacional se celebrar√° con toda seguridad despu√©s de la vista del Supremo para evitar ¬ęcontradicciones¬Ľ en sus resoluciones respecto al Alto Tribunal.

La juez Carmen Lamela, que ha dejado su plaza en la Audiencia Nacional, proces√≥ por los delitos de sedici√≥n y organizaci√≥n criminal a Trapero, la intendente Teresa Laplana y a los antiguos responsables pol√≠ticos de los Mossos: Pere Soler y C√®sar Puig. La magistrada considera que ellos facilitaron el refer√©ndum ilegal del 1 de octubre por la inacci√≥n de los Mossos, que permitieron la votaci√≥n, sin retirar las urnas ni cerrar los colegios. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional enjuiciar√° si la polic√≠a auton√≥mica se pleg√≥ al ¬ęproc√©s¬Ľ.

La actitud de los Mossos no s√≥lo ha tenido consecuencias penales sino que tambi√©n provoc√≥ una ¬ęquiebra de confianza¬Ľ de los magistrados catalanes hacia la Polic√≠a auton√≥mica a la hora de encargarles investigaciones como polic√≠a judicial. Lo admiti√≥ hace unos d√≠as el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalu√Īa (TSJC), Jes√ļs Mar√≠a Barrientos. Una ¬ędesafecci√≥n¬Ľ que, sin embargo, se ha ido mitigando gracias al esfuerzo de los √ļltimos meses de la c√ļpula judicial de los Mossos, seg√ļn Barrientos.

Las responsabilidades por lo acontecido en Catalu√Īa en el √ļltimo trimestre de 2017 no se dirimir√°n solo en el Supremo y la Audiencia Nacional. Si el Alto Tribunal se encarga de la causa contra los l√≠deres del ¬ęproc√©s¬Ľ, el Juzgado de Instrucci√≥n n√ļmero 13 de Barcelona se ocupa de los rebeldes ¬ęde la segunda fila¬Ľ. El magistrado Juan Antonio Ram√≠rez Sunyer mantiene a una cuarentena de personas imputadas por su papel en los preparativos de la consulta ilegal. Entre ellos hay altos cargos del Govern, trabajadores p√ļblicos y empresarios que colaboraron con la log√≠stica y la propaganda del 1-O.

El intento de secesi√≥n y, especialmente, los hechos del 1 de octubre, dejaron un reguero de causas desperdigadas en decenas de juzgados catalanes. Al margen de algunos casos que se investigan por el supuesto uso ilegal del Govern de datos personales para el censo de la consulta, los operativos desplegados ese d√≠a de la Guardia Civil y la Polic√≠a Nacional, por un lado, y el de los Mossos d’Esquadra, por otro, se vieron envueltos en pol√©mica y tambi√©n acabaron en los juzgados, si bien por motivos bien diferentes.

En el caso de la Policía catalana, varios jueces abrieron diligencias por la supuesta pasividad de los agentes autonómicos. La mayoría se ha inhibido ya en favor de la Audiencia Nacional -para centralizar allí toda la investigación contra los Mossos- aunque al menos un juez, de Lérida, todavía mantiene abierta una causa abierta contra los agentes autonómicos en esa región policial.

En el caso de la Polic√≠a Nacional, las investigaciones se centran en analizar si algunos de sus agentes pudieron haber actuado de forma ¬ędesproporcionada¬Ľ durante las cargas policiales contra los activistas en los colegios para abortar el refer√©ndum e incautar las urnas. Las m√°s significativas son las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucci√≥n n√ļmero 7 de Barcelona por el supuesto exceso policial en algunas de las escuelas de la capital catalana.

A d√≠a de hoy, el magistrado mantiene imputados a 24 agentes de la Polic√≠a Nacional, entre ellos algunos mandos, por la ¬ędesproporci√≥n¬Ľ de alguna de sus actuaciones. Todav√≠a no los ha citado a declarar. No se ha podido esclarecer, por el momento, qu√© agente lanz√≥ la bala de goma que dej√≥ sin ojo a un activista en los alrededores de uno de los colegios. En los v√≠deos que forman parte de la causa se aprecia el disparo pero no el n√ļmero de identificaci√≥n del polic√≠a.

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