El PP da por amortizada a Cifuentes, que se enfrenta a más de 3 años de cárcel

La delicada situación judicial de la ex presidenta autonómica Cristina Cifuentes se oscureció aún más ayer tras conocerse que la Fiscalía Provincial de Madrid solicitaba para ella tres años y tres meses de prisión por un presunto delito de inducción a falsificación de un documento oficial. Desde la dirección nacional del PP optaron por ponerse de perfil y no valorar lo que consideran «un tema privado». Y tampoco el PP madrileño quiso pronunciarse sobre el asunto. Son muchos los compañeros de la ex lider popular que reconocen que Cifuentes está ya «amortizada». No obstante, desde el Gobierno regional y el grupo popular en la Asamblea se recordó su presunción de inocencia.

Paradójicamente, la persona que más directamente la defendió en público ayer fue la candidata popular a ocupar la presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso, que nada más conocerse el escrito de la Fiscalía afirmaba en Twitter que «nadie ha sufrido un linchamiento personal y político como el que está soportando Cifuentes».

Pero en conversaciones privadas, sus compañeros de filas coinciden en que la figura de la ex presidenta está «completamente amortizada». Es más, se muestran convencidos de que «hace mucho se redactó su epitafio» en el partido. Incluso alguno va más allá y pronostica que «se tendría que caer Génova con sótanos y todo para que tuviera una oportunidad».

La Fiscalía señala que se fabricó un acta «a sabiendas» de que acreditaba una defensa de Trabajo de Fin de Máster «que jamás se produjo»

El escrito de la Fiscalía es bastante duro en sus términos. Solicita para Cifuentes tres años y tres meses de prisión por un delito de falsedad en documento oficial: el Ministerio Público la considera inductora de la falsificación de un acta «a sabiendas» de que acreditaba una defensa de Trabajo de Fin de Máster «que jamás se produjo» y que exhibió ante los medios de comunicación y en redes sociales «para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse».

Junto a ella, también solicita penas para otras tres personas. Por un lado, para Cecilia Rosado, que trabajaba como personal laboral en la Universidad Rey Juan Carlos y a la que el fiscal considera autora de la falsificación del acta. En su caso, pide 21 meses de prisión, una pena inferior a la de la propia Cifuentes, porque «reconoció los hechos y colaboró en la investigación».

Para el catedrático Enrique Álvarez Conde, dirctor del Instituto de Derecho Público que impartía el máster de Cifuentes, solicita tres años y nueve meses de prisión, por coautor indirecto del mismo delito. Y para María Teresa Feito, asesora de la consejería de Educación –y la persona que, según el escrito, llamó hasta en 21 ocasiones al teléfono personal de Cecilia Rosado «indicándole que aquella situación debería quedar resuelta como fuere y que en caso contrario la acusada Cristina Cifuentes les iba a cortar la cabeza»–, la Fiscalía pide otros tres años y tres meses de prisión.

Entre sus ex compañeros del PP reconocen que la petición de la Fiscalía asusta por su contundencia, y esperan que el proceso judicial sea «rápido» para que Cifuentes pueda «retomar su vida». También dicen estar convencidos de que vaa ser «misión imposible demostrar» que ella solicitó dicha falsificación.

En todo caso, confiesan que «la situación no es cómoda para ella» y aunque «quedara absuelta al cien por cien», su carrera política «igualmente habrá acabado».

La cercanía de las elecciones, y el delicado momento que supone en todo partido la conformación de las listas, contribuyen a que nadie se quiera significar en la defensa de la ex presidenta regional. Que podría tener que comparecer en la Asamblea ante la comisión que investiga las irregularidades en las universidades públicas madrileñas. A petición de Cs, hoy se votará si son llamados a la misma Cifuentes, Pablo Casado, la ex ministra Carmen Montón y Laura Nuño, de la Rey Juan Carlos. erá misión eimposible.

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