El PP alavés alerta del «efecto llamada» de los fraudes en la RGI

La reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) planea sobre el Parlamento vasco desde mayo de 2017, cuando el Gobierno de PNV y PSE propuso una batería de medidas para combatir el fraude. La renovación del sistema de ayudas públicas quedó en dique seco debido a la falta de consensos, lo cual dejó la puerta abierta a todo tipo de irregularidades. A juicio del presidente del PP alavés, Iñaki Oyarzábal, la profusión de «conductas fraudulentas» y la falta de control han generado además un «efecto llamada» que a su parecer «constata el fracaso de Lanbide» en la activación laboral de los perceptores.

Durante su intervención en una rueda de prensa celebrada ayer en Vitoria, el dirigente conservador volvió a poner de relieve la necesidad de realizar una «reforma integral» de la red para ligarla a la formación y al sector laboral: «Las empresas alavesas alertan sobre una falta de empleo cualificado, y la RGI es una de las causas que lo complica y entorpece», lamentó Oyarzábal, que subrayó que a pesar de que el problema se detectó hace ya seis años «el PNV sigue sin hacer nada».

Al respecto, lamentó la «falta de control» que a su juicio impera en un sistema de ayudas sociales en el que no se verifican los requisitos ni se comprueba el destino de las prestaciones: «Existen usos inadecuados y conductas fraudulentas que generan efecto llamada y alarma social», consideró el popular.

A lo largo de los últimos años, las Fuerzas de Seguridad han destapado varios casos de fraude en la RGI, una de las herramientas que utiliza el Ejecutivo vasco para proteger a las familias sin recursos. Algunos tuvieron gran repercusión mediática, como la detención el pasado agosto de un ciudadano que llegó a estafar 42.508 euros en ayudas sociales mediante una identidad falsa. Solo dos meses después, agentes de la Policía Nacional arrestaron a otro individuo que cobró otros 6.500 euros del Servicio vasco de Empleo de forma irregular.

«Se constata el fracaso de Lanbide en la activación laboral de los perceptores de la RGI y la consiguiente cronificación en el cobro de las prestaciones», sentenció este miércoles Oyarzábal.

Plan de choque

En este sentido, el dirigente popular abogó por elevar los años de empadronamiento y por frenar la inmigración irregular exigiendo el requisito de residencia legal «con un sistema de inspección que verifique su residencia efectiva de manera periódica». Por otro lado, puso de relieve la necesidad de dotar de «verdadero contenido» al convenio de inclusión con itinerarios personalizados de formación ocupacional con el fin de combatir la cronificación de las personas perceptoras.

«La renovación no puede ser automática para personas menores de 45 años, a las que hay que incentivar en el objetivo de empleo que garantice su inclusión social», puntualizó el mandatario conservador, que añadió que es necesario implementar también otras medidas de seguridad como la huella digital para evitar «cobros indebidos».

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