El plan de Colau para hacer el 30% de pisos sociales, encallado por una «debilidad jurídica»

Proyecto encallado. La propuesta para destinar el 30% de las nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones de Barcelona a la construcción de pisos sociales está en el aire por las desavenencias entre el gobierno municipal y la Generalitat, que tiene que dar su visto bueno final en la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona y que ha aplazado la votación crucial alegando una «debilidad jurídica». La alcaldesa Ada Colau denuncia que el Govern quiere introducir excepciones a la medida, cuando se debería limitar a facilitar un trámite técnico y burocrático.

La Subcomisión tenía que celebrarse ayer y quedó pospuesta por los desencuentros entre ambos. «Nuestra responsabilidad es asegurar que se cumplen los requisitos y si una propuesta es jurídicamente inviable no la podemos aprobar», aseguró ayer en una comparecencia el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet.

El principal escollo es la afectación específica a los solares transmitidos entre enero y junio de 2016, sobre los que el consistorio pretende reservar un 20% de pisos sociales. Calvet reiteró que no se trataba de una opinión personal, sino de una «debilidad jurídica» que no podían dejar pasar y expuso en este sentido que tal y como esta planteado «puede provocar litigios costosos que acabarían invalidando totalmente la medida». Además, lamentó que desde el gobierno municipal se presione de esta manera.

«Obstaculizar, rebajar»

Sin embargo, al Ayuntamiento le parece inaceptable la postura de la Generalitat, que teme que se pueda deber a presiones de empresarios, y exige que la medida se aprueba sin cambios. «No entendemos que se pretenda retrasar, obstaculizar o rebajar este texto», lamentó la alcaldesa, cuando recuerda que el Govern tendría que intervenir en la medida que la votación «solo tenía que ser un trámite técnico y burocrático, no de opinión política». «El texto ya se ha aprobado donde tocaba: en el pleno municipal, con consenso y con los informes jurídicos y económicos», insistió la alcaldesa.

Pese al cruce de reproches, ambas instituciones se emplazan a seguir negociando para conseguir aprobar el plan en la próxima reunión de la comisión, prevista para el próximo 5 de diciembre.

Con todo, el anuncio de la medida ha acelerado los planes de promotores para construir en la capital catalana antes de que entre esta obligación. Así, desde octubre, cuando se aprobó, han entrado 234 licencias y 157 certificados de aprovechamiento urbanístico. En el consistorio están «preocupados por el retraso».

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