El Parlamento de Cataluña aprueba una batería tributos para atender necesidades sociales «urgentes»

El Parlament ha aprobado una batería de medidas tributarias y de lucha contra el fraude fiscal con el fin de atender necesidades sociales “urgentes” a través, entre otros, el encarecimiento del impuesto sobre viviendas vacías y un aumento del impuesto de actos jurídicos de hipotecas a las entidades bancarias. En decreto ley, al que el Govern dio luz verde en el Consell Executiu el pasado 9 de julio, ha contado así con 86 votos a favor -por parte de ERC, JxCat, PSC y En Comú Podem (ECP)-, 40 en contra -de Cs y PP- y cuatro abstenciones -por parte de la CUP-.

El vicepresidente y conseller de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, ha presentado el texto que ha enmarcado en el actual contexto de prórroga presupuestaria, y ha resaltado que en otoño el Govern prevé presentar y llevar al Parlament el proyecto presupuestario para 2020. “Hemos puesto en marcha la maquinaria interna para elaborar la propuesta de presupuestos de 2020 y el Govern hará todo lo posible para llegar a acuerdos” para conseguir que las cuentas se aprueben a final de año, ha destacado Aragonès.

Mientras tanto, ha subrayado la necesidad de “atender a las necesidades actuales” con un decreto ley como el actual, que prevé sumar a las arcas de la Generalitat 34 millones de euros este año y 82 millones anuales a partir de 2020, que se destinarán en gran parte a la implantación de la renta garantizada de ciudadanía (RGC). El decreto aprobado este jueves busca cambiar cuatro tributos: en primer lugar, se incluyen como sujetos pasivos del impuesto sobre las viviendas vacías los fondos de titulización, que hasta ahora no estaban sujetos a pagarlo por no tener personalidad jurídica.

En segundo lugar, sube el impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno en la atmósfera producida por la aviación comercial, pasando de 2,5 a 3,5 euros por kilogramo de óxido de nitrógeno emitido. También busca aumentar el impuesto que grava las apuestas presenciales -las online son competencia del Estado- hacia un tipo único del 15%, teniendo en cuenta que ahora son del 10% en el ámbito de las apuestas deportivas y del 13% en el resto. Por último, modifica el impuesto sobre los actos jurídicos documentados, elevando el tipo impositivo que grava el otorgamiento de escrituras públicas de préstamos o crédito hipotecario al 2%.

El decreto ley también contempla tres beneficios fiscales, el primero, para combatir la pobreza energética: establece una tarifa social de 0 euros por metro cúbico en el primer tramo del canon del agua para familias en situación de vulnerabilidad. En caso de superar este consumo, se aplicaría a estas familias un coeficiente del 0,5% a partir del segundo tramo, y la Generalitat estima que esta modificación podría beneficiar a “cerca de 40.000 familias catalanas”.

También introduce una bonificación del 40% en el canon de residuos generados en Flix (Tarragona) para facilitar un proyecto de reindustrialización de la zona que busca el “equilibrio territorial”. “Generamos nuevos ingresos para atender nuevas necesidades que siguen creciendo, necesidades que no pueden esperar”, ha resumido el vicepresidente de la Generalitat.

Reacciones

Desde Cs, José Maria Cano ha criticado una subida de impuestos, porque implica “volver a meter mano en los bolsillos de catalanes”, y ha acusado al Govern de ser incapaz de aprobar unos presupuestos. La diputada del PSC Alícia Romero ha defendido las medidas que ha situado coherentes con el ‘espíritu Rufián’ de gravar más a quienes tienen más: “Hoy hacemos un ejercicio responsabilidad, espero que la tenga en cuenta en los próximos tiempos”.

Para En Comú, el decreto es una buena noticia, y ha defendido: “En realidad hoy discutimos un proyecto de ley presentado por nuestro grupo. Agradecemos que el Govern lo haya entendido”. La CUP se ha mostrado crítica con el documento, que ha dicho que muestra algunas incoherencias, ante lo que ha señalado una grabación de los óxidos de nitrógeno acompañada de una “política expansionista” con la ampliación del Aeropuerto de El Prat y de carreteras como la C-58 y la C32.

El diputado del PP Santi Rodríguez ha sido contundente al pedir: “Quiten la mano del bolsillo de los ciudadanos de Cataluña. Más impuestos significa ser menos libres y que los catalanes seamos más pobres”. Para Lluís Salvador, de ERC, este aumento de recaudación aportará unos mayores ingresos de parte de “sectores empresariales a quiénes se presupone una mayor capacidad económica”. Por último, la diputada Teresa Pallarès ha considerado imprescindible esta medida con fórmulas financieras adecuadas al momento actual: “Este Govern gobierna, y debe hacer este trabajo”, ha concluido.

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