El Gobierno vasco avisa que no va a renunciar a la Seguridad Social

La satisfacción de los representantes del Gobierno vasco que intervinieron en la Comisión Mixta de Transferencias del pasado lunes no fue plena, pues la gestión económica de la Seguridad Social quedó apeada del calendario de traspasos que el gabinete de Pedro Sánchez se comprometió a elaborar antes de final de año. La sensación del Ejecutivo autonómico, sin embargo, es que el PSOE es consciente de la «deuda» que ha adquirido con el País Vasco, por lo que no renuncia a materializar la cesión en un futuro: «Esa competencia nos la deben», sentenció ayer el portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, quien advirtió de que no hay razón que justifique la negativa de Madrid.

La administración vasca insiste en que la gestión de la Seguridad Social está incluida en el Estatuto de Guernica, algo que «asumió» la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, en el encuentro que ambos Ejecutivos mantuvieron en Bilbao la tarde del lunes. Ese es el clavo al que se aferra el PNV para abordar y materializar, «antes o después», el traspaso de una competencia prioritaria para el gabinete de Iñigo Urkullu.

En este sentido, el Erkoreka subrayó que, «en la medida en que el Gobierno asume que hay una deuda pendiente con Euskadi», el traspaso de la Seguridad Social «deberá figurar de alguna manera» aunque no se incluya finalmente en el calendario de traspasos. En declaraciones a Radio Euskadi, el mandatario nacionalista manifestó además que Vitoria no puede esperar a que fructifique la transferencia de dicha competencia para abordar las restantes, pues de ser así el proceso quedaría «bloqueado» durante mucho tiempo.

El Ejecutivo socialista se encuentra en una difícil tesitura, pues no solo el PNV ejerce presión en materia de traspasos. También un sector de la oposición en el Congreso de los Diputados ha tomado parte en el debate, aunque en un sentido totalmente opuesto. Una de las formaciones más críticas respecto a la transferencia de la Seguridad Social es el PP, que advierte en la formación nacionalista cierta prisa por «cobrar el precio» del apoyo a la moción de censura de Pedro Sánchez. Pese a todo, el presidente de los populares vascos, Alfonso Alonso, aseveró el pasado martes que su partido no va a «permitir» que la gestión económica de la Seguridad Social sea traspasada: «No se va a jugar con la garantía de millones de pensionistas», afirmó en un encuentro organizado por Nueva Economía Fórum.

Intervención de Urkullu

En la misma línea, el líder del PP vasco emplazó al ministerio de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a imponer su «criterio» en el Gobierno central para impedir también la transferencia de Prisiones, con la que a su parecer el PNV trata de abrir un debate sobre el traslado de presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco. El titular de Interior se mostró contrario la semana pasada a negociar esta competencia, que según sus palabras no se encontraba «en la agenda» del Ejecutivo de Sánchez. Las críticas del PNV obligaron al PSOE a desmentir al magistrado y a incorporar las Prisiones al calendario de traspasos.

De hecho, tras las declaraciones de Grande-Marlaska el propio lendakari, Iñigo Urkullu, se puso en contacto con Pedro Sánchez para «clarificar» la situación, informó ayer Josu Erkoreka, que subrayó que no existe «complejidad ni técnica ni jurídica ni económica» que justifique el retraso de la transferencia de Prisiones.

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