El Gobierno vasco acusa al PP de «instrumentalizar» el Senado para frenar el traspaso de competencias

Había este martes en la sede de la presidencia vasca un ambiente más denso que el que acostumbra a imperar tras la celebración del Consejo de Gobierno. El Ejecutivo quería dejar clara la gravedad de la moción aprobada la semana pasada en el Senado, que instó al gabinete de Pedro Sánchez a no acatar el calendario de transferencias competenciales que reclaman las instituciones vascas. Una iniciativa que llevó a la Cámara Alta el grupo popular y que el Gobierno de Iñigo Urkullu considera «un absurdo», pues bajo su punto de vista constituye una «falta a la verdad».

La moción del PP, aprobada en el pleno del pasado 20 de febrero con el respaldo de Foro Asturias, UPN y Ciudadanos, sostenía que el calendario de transferencias del Gobierno vasco responde a una lectura «exclusivamente nacionalista» del Estatuto de Guernica, al tiempo que acusaba a Pedro Sánchez de querer negociar los traspasos bajo el único interés de «mantenerse en el poder». «Un presidente no puede hacer concesiones que rompan la igualdad de oportunidades de los españoles», rezaba el documento.

Hoy, el Consejo de Gobierno vasco ha aprobado una declaración mediante la que denuncia la «deslealtad» que a su parecer supone el intento de instrumentalización del Senado para «frenar el proceso autonómico de Euskadi e impedir la realización de las transferencias aún pendientes». Entre ellas, la de Prisiones, que está incluida en el calendario de traspasos que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a abordar en el plazo de un año.

A su vez, el Ejecutivo autonómico ha desmentido «rotundamente» que el catálogo de transferencias, que fue avalado por todos los grupos del Parlamento a excepción del PP, responda a una lectura nacionalista del Estatuto de Guernica. En este punto, el portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, ha subrayado que el grupo popular apoyó en 1993 en la Cámara vasca un catálogo primitivo de traspasos, el llamado «Informe Zubia», que incluía 31 de las 37 transferencias que solicita ahora la coalición de PNV y PSE.

Finalmente, el Ejecutivo ha asegurado que la materialización de los traspasos no fomentará desigualdades entre los ciudadanos de España, y ha remarcado que la administración vasca «no ignora ni desprecia los mecanismos de cooperación, colaboración, coordinación y solidaridad territorial previstos en el ordenamiento jurídico».

Una oportunidad inédita

«Euskadi ha demostrado que es un país solidario», ha sentenciado Ekoreka, que ha puesto de relieve la intención del gabinete de Urkullu de «seguir trabajando para cumplir el Estatuto de Guernica». Al respecto, ha hecho hincapié en que su «obligación» es la de «aprovechar esta oportunidad inédita» para efectuar las transferencias de la mano de Pedro Sánchez y su ministra de Política Territorial, Meritxell Batet.

En las próximas horas, ha informado, está previsto que llegue la documentación de los primeros siete traspasos establecidos en el calendario del Ejecutivo socialista.

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