El Gobierno insiste en legislar por decreto como cartel electoral

«Este Gobierno no cierra». La frase de la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, corroboró ayer la intención del equipo de Pedro Sánchez de seguir utilizando cada viernes el Consejo de Ministros para seguir presentando leyes que no tendrán posibilidad de convertirse en realidad por la disolución de las Cortes el próximo 5 de marzo.

Si la pasada semana fue el proyecto de ley de Educación que pretende derogar la reforma educativa realizada por el Gobierno del PP, el Consejo de Ministros presentó el anteproyecto de ley de cambio climático que no tendrá recorrido legislativo alguno.

En cambio, sí tiene justificación la remisión a la Comisión Europea del borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. Es un texto que deben entregar todos los Estados miembros «para que la UE pueda planificar el cumplimiento de sus objetivos y metas en materia de cambio climático en coherencia con el Acuerdo de París», explica el Gobierno. Pero el adelanto electoral impedirá que este plan vaya acompañado de una ley que pueda avanzar hacia el desarrollo de esos objetivos, que es lo que pretendía el equipo de la ministra Teresa Ribera.

Estos proyectos sin recorrido legislativo van a funcionar más como altavoz de la propuesta electoral de los socialistas. Al Gobierno le queda un Consejo de Ministros más, el del próximo viernes, para presentar anteproyectos de ley. Sin embargo, con las Cortes disueltas el Ejecutivo está habilitado para seguir legislando vía decreto, buscando la convalidación de los mismos en la Diputación Permanente. Normalmente este es un recurso que ha venido utilizando el Gobierno para cuestiones de urgencia, como la relativa a catástrofes naturales. La Diputación Permanente ha aprobado en periodo electoral 39 decretos desde 1977.

Muy pocos tienen un marcado carácter político. Aunque Felipe González sí aprobó en enero de 1996 una actualización de las pensiones después de no aprobar los PGE.

El Gobierno está decidido a seguir «de acuerdo a la ley, a lo que permita la ley» para seguir legislando vía decreto y utilizarlo como altavoz electoral. Sin embargo, las complicaciones que tiene al respecto el Gobierno no son tanto normativas sino de que no tiene los apoyos suficientes para convalidar los decretos.

Podemos se distancia

Los socialistas tienen claro que no van a llevar a la Diputación Permanente ningún decreto que corra el riesgo de no ser aprobado. Podemos ha marcado ya sonoras distancias con este procedimiento y solo promete apoyo para cuestiones muy puntuales y que cumplan a rajatabla con el proyecto presupuestario que suscribieron con el Gobierno. «Ellos están ya en campaña y en una operación de distanciarse del Gobierno. Nosotros somos una izquierda posibilista y ellos van a ir a máximos o nada», reflexionan desde las filas socialistas. Además, a este apoyo habría que sumar el de los independentistas en un momento en el que el propio Gobierno no muestra interés en negociar con estas fuerzas. En el grupo parlamentario socialista sí son optimistas con dos cuestiones, que fueron las que Sánchez se atrevió a anunciar el pasado fin de semana en un mitin: el subsidio para parados mayores de 52 años y las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores de personas dependientes.

Sánchez pretende también hacer cambios en la reforma laboral. Aunque los socialistas expresan cautela con este tema porque dudan de que puedan convencer a Podemos de retoques puntuales. El Gobierno quiere al menos recuperar la primacía del convenio colectivo sobre el de empresa, legislar sobre el control de horarios y recuperar la ultractividad de convenios. También se apuesta por convertir en decreto la ley de igualdad laboral que plantea una presencia equilibrada entre hombres y mujeres en los Consejos de Administración, y por un aumento paulatino del permiso de paternidad a 16 semanas.

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