El futuro de los presos etarras complica la transferencia de Prisiones al País Vasco

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lendakari, Íñigo Urkullu, acordaron recientemente estudiar las 37 transferencias pendientes desde el Estado al País Vasco, entre las que se encuentra Prisiones. Ayer mismo, en Bilbao, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, anunció que antes de fin de año se aprobará un calendario conjunto con el Gobierno vasco para estudiar 36 de ellas, todas menos la gestión de la Seguridad Social.

Fuentes de Interior consultadas por ABC confirman que el estudio de las transferencias de Instituciones Penitenciarias está sobre la mesa, pero enfrían las expectativas de los más optimistas. «De todas las transferencias pendientes, esta es la segunda más complicada, después de la que afecta a la Seguridad Social». Y recuerdan que en todo caso «la ley Penitenciaria rige en todo el Estado; otra cosa es la administración de los centros».

Ley Penitenciaria

En este sentido, es importante recordar que esa ley simplemente dice que «se procurará» que los internos cumplan las condenas lo más cerca posible de donde tienen su arraigo. «Es una intención, no una obligación, y de hecho ese matiz fue el que hizo posible la política de dispersión con los presos de ETA», explican las fuentes consultadas por ABC. Esa misma política, con alguna particularidad, se sigue en la actualidad con los presos yihadistas.

Este punto es clave, ya que el Gobierno vasco defiende desde hace tiempo que la totalidad de los reclusos etarras cumplan condena en cárceles de esa comunidad, independientemente de si han mostrado arrepentimiento por sus crímenes, colaborado con la justicia o hecho frente a sus responsabilidades civiles con las víctimas.

Ese acercamiento generalizado y sin condiciones supondría un enorme desgaste para el Gobierno de Pedro Sánchez, que vería como todas las asociaciones de víctimas vuelven a unirse para detener un movimiento en ese sentido. Para la oposición política, además, sería un arma electoral perfecta para desgastar al Ejecutivo.

El núcleo de la negociación política, por tanto, está en quién tendría la última palabra sobre dónde tienen que cumplir sus penas los internos de la banda: el Gobierno central, o el vasco. «La situación es muy distinta a la que había cuando Cataluña asumió las competencias de Prisiones; entonces, apenas había reclusos de Terra Lliure, la organización había desaparecido», recuerdan las fuentes consultadas por ABC. En la actualidad es cierto que ETA no existe tras haber sido derrotada por el Estado de Derecho, pero también que hay aún muchos presos de ETA y no todos tienen la misma situación.

De los 234 individuos de la banda que cumplen condena, el núcleo duro, formado por quienes no se arrepienten y son partidarios de seguir matando, no llega a una quincena de terroristas. Hay, además, 92 que se han acogido a la legalidad penitenciaria de forma explícita. Se trata, como adelantó ABC, de cifras que van variando, ya que se trata de una realidad en evolución.

Los aspectos más técnicos de esa transferencia de competencias son menos complejos. De hecho, ya hay aspectos que afectan a las prisiones vascas que están transferidos, como son todo lo relativo a la sanidad, que gestiona Osakidetza, así como lo que se refiere a la educación dentro de los centros penitenciarios, que es responsabilidad de la consejería correspondiente del Gobierno Vasco.

La mayor dificultad estaría en el encaje de los funcionarios de prisiones que trabajan en esos centros, que tendrían que pasar a depender de la administración vasca, teniéndose que negociar además en qué condiciones. Por ejemplo, un escollo puede ser la exigencia de conocimiento del euskera para ser funcionario de esa comunidad.

Desde Interior, en cualquier caso, se afirma: «La transferencia no está en la agenda inmediata; se abordará cuando toque».

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