El escrito que presentó Cristina Kirchner en Comodoro Py por la causa de los cuadernos

La expresidenta denunció que las causas en su contra fueron armadas en busca de impacto mediático Fuente: Archivo РCrédito: Natacha Pisarenko / AP

La expresidenta Cristina Kirchner ingres√≥ hoy minutos antes de las 9 a los tribunales federales de Comodoro Py luego del llamado a indagatoria del juez Claudio Bonadio por ocho hechos de corrupci√≥n, siete de los cuales son derivados de la causa de los cuadernos de las coimas, la investigaci√≥n de LA NACION sobre las anotaciones que hizo Oscar Centeno, chofer del exfuncionario del kirchnerismo Roberto Baratta, quien en sus anotadores registra con detalle los sobornos y las coimas cobradas por su jefe a empresarios de la obra p√ļblica.

Cristina debe dar explicaciones en la investigaci√≥n por obras p√ļblicas viales, por coimas en ferrocarriles, en otra causa derivada en un allanamiento a su casa de El Calafate, en el caso de irregularidades en corredores viales, por sobreprecios en gas licuado y por los vuelos de la flota oficial hacia la provincia de Santa Cruz durante su gobierno.

En Comodoro Py presentó un escrito en el que denunció que las causas en su contra fueron armadas y que el accionar del fiscal Carlos Stornelli y del juez federal Claudio Bonadio debe ser calificado de delictivo debido a que se basa en la invención de pruebas en su contra.

A continuación, el texto completo que entregó la expresidenta

Se√Īor Juez:

Cristina Fern√°ndez de Kirchner, por mi propio derecho, en el marco de las causas N¬ļ 9.608/2018, 3.710/2014, 10.456/2014, 13.816/2018, 13.820/2018, 18.590/2018, 15.386/2018 y 18.704/2018, todas del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N¬ļ 11, manteniendo el domicilio constituido en autos, digo:

1. En el d√≠a de la fecha he sido convocada a prestar declaraciones indagatorias m√ļltiples y simult√°neas, en ocho supuestas investigaciones judiciales. As√≠, y en una suerte de funci√≥n de cine continuado, se pretende hacerme responsable, una vez m√°s, de la misma presunta asociaci√≥n il√≠cita por la cual ya estoy siendo investigada ante otro Juzgado de este fuero y ante dos Tribunales Orales.

Indudablemente, se trata de un hecho in√©dito en los anales de la jurisprudencia, que puede comprenderse en el marco de una persecuci√≥n y ensa√Īamiento al que s√≥lo se atrevieron gobiernos totalitarios en tiempos en que el Estado de Derecho se encontraba suspendido. Aunque debo reconocer que en t√©rminos cinematogr√°ficos, esta pel√≠cula merecer√≠a recibir un Oscar por su originalidad.

2. B√°sicamente, esta nueva movida judicial tiene su origen en la a esta altura escandalosa y bochornosa “causa de las fotocopias”, cuyos antecedentes pueden ser resumidos de la siguiente manera:

a. El expediente se inici√≥ en base a simples fotocopias de unos supuestos cuadernos que nunca se vieron y que finalmente dijeron que hab√≠an sido “quemados en la parrilla de un patio”. Literal. Concretamente, seg√ļn la versi√≥n oficial, un ex miembro de las fuerzas de seguridad y confeso antikirchnerista se habr√≠a apropiado de manera ilegal de estos supuestos cuadernos para entreg√°rselos a un periodista que, dijo, le inspiraba confianza.

b. El periodista elegido fue Diego Cabot del diario La Nación -ambos, periodista y diario, furibundos antikirchneristas simpatizantes del gobierno de Cambiemos-, quien le llevó su supuesta investigación al fiscal Stornelli -acusado de extorsionar empresarios e imputados en esta misma causa-. Este cuestionado fiscal, violando todas las reglas vigentes en materia de competencia, decidió formar actuaciones complementarias y entregárselas al juez Bonadío, dando lugar a un caso obsceno de fórum shopping.

c. A partir de simples fotocopias, el juez orden√≥ la detenci√≥n de decenas de personas con el indisimulable prop√≥sito de presionarlas y obligarlas a recitar un libreto que ya estaba armado, esto es: que los anteriores gobiernos constitu√≠an una “asociaci√≥n il√≠cita”. La suerte de quienes no se adhirieran a semejante maniobra fue graficada por Stornelli con la ya famosa frase “no habr√° sortijas para todos”, palabras que seguramente pasar√°n a la historia como muestra del descaro con el que se ha procedido en el expediente.

Eso s√≠, a los familiares m√°s cercanos del Presidente de la Naci√≥n no les fue necesario retirar sus sortijas en la Fiscal√≠a de Stornelli, ya que √©ste se las llev√≥ personalmente a la Quinta Presidencial de Olivos. Como era obligatorio, mi defensa reclam√≥ que se llevaran a cabo medidas probatorias para acreditar este vergonzoso episodio que fuera ampliamente difundido por los mismos medios de comunicaci√≥n afines al gobierno, pero el juez no hizo lugar a tal petici√≥n, bajo el siempre √ļtil latiguillo de que la misma no era pertinente.

d. No obstante lo dispuesto de manera expresa en el art. 6 de la “Ley del arrepentido” (Ley N¬ļ 27.304), el fiscal deliberadamente omiti√≥ registrar por medios audiovisuales las declaraciones de los presuntos arrepentidos.

Hoy, y a la luz de los testimonios, declaraciones, grabaciones y otras pruebas que han surgido sobre la operatoria del Juzgado y la Fiscalía a cargo de Bonadío y Stornelli, respectivamente, está más que claro que se procedió de esta manera para que no quedaran huellas de cómo estas personas fueron extorsionadas y sus manifestaciones tergiversadas y/o armadas, claro está, siempre en mi contra.

Sobre esta capital cuesti√≥n, que no es una mera elucubraci√≥n de mi parte, pues encuentra sustento en declaraciones p√ļblicas formuladas por periodistas que jam√°s han tenido simpat√≠a con mis posiciones pol√≠ticas, tanto el juez como la C√°mara de Apelaciones rechazaron todas las medidas de prueba reclamadas, pese a los reiterados pedidos que fueron efectuados.

Es m√°s, en otra demostraci√≥n de c√≥mo se oculta la verdad y hasta qu√© niveles han llegado los abusos de poder, el titular de este Juzgado formul√≥ una denuncia en contra de quienes hicieron p√ļblicas las pr√°cticas deleznables que se vienen cometiendo en la “causa de las fotocopias”; ello, con el p√≠caro prop√≥sito de bloquear la posibilidad de que los denunciados fueran citados como testigos. Llamativamente -o ya no tanto-, la denuncia de Bonad√≠o recay√≥ en el Juzgado de Ercolini, cuya funcionalidad para atender este tipo de emergencias se ha tornado una pr√°ctica bastante conocida.

Pero si alguna duda cupiere sobre la manipulaci√≥n de las declaraciones de los arrepentidos, basta con recordar que el propio Stornelli, en una de sus habituales giras por las pantallas de la prensa oficialista m√°s recalcitrante, reconoci√≥ que omit√≠a consignar fielmente en las actas todo lo que, supuestamente, le dec√≠an estas personas sometidas al r√©gimen del “imputado colaborador”.

e. En el marco de procedimientos espectaculares con los que se capt√≥ la atenci√≥n p√ļblica durante varios d√≠as, mis domicilios de la ciudad de Buenos Aires, R√≠o Gallegos y El Calafate fueron allanados, con el augurio de que ser√≠an encontradas b√≥vedas, compartimientos secretos y varios millones de d√≥lares que habr√≠an transitado a trav√©s de los circuitos de la corrupci√≥n.

Nada de ello ocurrió.

Sin embargo, para que la decepción fuera disimulada, Bonadío ordenó el secuestro de un montón de elementos que nada tienen que ver con el proceso, haciendo caso omiso a las instrucciones impartidas por el Senado de la Nación cuando, incluso con mi voto afirmativo, autorizó la medida.

Ni siquiera se salvaron los atributos presidenciales que Néstor Kirchner y la suscripta recibiéramos al haber sido elegidos democráticamente como titulares del Poder Ejecutivo de la Nación.

f. En este contexto, pese a que no exist√≠a prueba alguna en mi contra y sin posibilidad de ejercer m√≠nimamente el derecho de defensa en juicio, fui procesada, naturalmente, por el delito de asociaci√≥n il√≠cita, al que se le sumaron, como dijo Bonad√≠o “m√°s o menos as√≠” otros supuestos delitos.

Tal resoluci√≥n fue confirmada por la Sala I de la C√°mara de Apelaciones, integrada por jueces que tambi√©n fueron colocados a dedo por el gobierno de turno, quienes cumplieron al pie de la letra las instrucciones que, seg√ļn lo inform√≥ la prensa, les fueron impartidas desde la mesa judicial de la alianza gobernante: ratificaron que soy la jefa de la asociaci√≥n il√≠cita, dejaron dentro de ella a un grupo de funcionarios y algunos empresarios y beneficiaron al resto de los hombres de negocios, quienes dieron a entender que fue nuestro gobierno el que les “ense√Ī√≥ a cartelizarse en la obra p√ļblica” y que pagaron sobornos por haber sido “v√≠ctimas” de coacci√≥n.

Dentro de esta √ļltima particular especie se encuentran familiares directos del Presidente de la Naci√≥n y varios importantes empresarios afines.

3. Como la “causa de las fotocopias”, en forma paulatina, fue perdiendo el impacto que se esperaba ante la opini√≥n p√ļblica, se recurri√≥ a tres nuevos inventos, a saber:

a. A partir de la “causa de las fotocopias” se abrieron otras l√≠neas de supuestas investigaciones para formar nuevas causas que el Juzgado retuvo para s√≠, violando otra vez y de manera descarada las reglas de competencia.

b. En otros casos, pretendiendo aparentar alguna prolijidad, extrajeron testimonios de esa misma causa para que se investigaran otros supuestos delitos por ante el Juzgado que resultara sorteado. ¬ŅY qu√© pas√≥ aqu√≠?: que el Juzgado sorteado fue el de Bonad√≠o.

c. Finalmenteecharon mano de supuestas pruebas que aparecieron de manera “espont√°nea” en la Fiscal√≠a de Stornelli que luego metieron en otros procesos, naturalmente en tr√°mite ante el Juzgado de Bonad√≠o, para construir artificiosamente una imputaci√≥n en mi contra.

Así se pretendió dar contenido para que en ocho causas fuese citada a prestar declaración indagatoria en forma simultánea y continuada. Un verdadero mamarracho.

4. Ahora bien, desde un punto de vista procesal (aunque la aplicaci√≥n de la ley a estos operadores judiciales, por lo visto, nada les interesa) resulta evidente que tales citaciones devienen nulas. Ello, no s√≥lo porque se encuentran contaminadas por la invalidez del proceso de origen -la “causa de las fotocopias”-, sino porque en s√≠ mismas carecen de todo sustento y de manera alguna justifican el estado de sospecha que requiere la ley adjetiva para proceder de tal manera (art. 294 del CPPN).

Concretamente, sacaron fotocopias de la causa de las fotocopias, recibieron declaraci√≥n a curiosos personajes que se presentan “espont√°neamente” en la fiscal√≠a de Stornelli, solicitaron algunos papeles al Poder Ejecutivo de la Naci√≥n y con todo ello (es decir, nada) me convocaron a prestar declaraci√≥n indagatoria en ocho causas distintas, sin explicar tan siquiera en una sola l√≠nea el motivo de estas citaciones.

Naturalmente, ejercer el derecho de defensa en juicio en estas condiciones resulta una utop√≠a; mucho peor a√ļn si, diga lo que diga, el dictado de un procesamiento en mi contra ya est√° definido.

5. De todas maneras, y a efectos de dejar debidamente asentadas las irregularidades que se siguen cometiendo, no es ocioso efectuar una breve referencia sobre cada uno de los procesos a los que debo comparecer en el día de la fecha. Ello, sin perjuicio de los planteos que mi defensa técnica habrá de efectuar oportunamente.

Veamos.

a. Causa N¬ļ 9608/2018. En la “causa de las fotocopias” ya fui indagada en dos oportunidades, se dispuso mi procesamiento y prisi√≥n preventiva, se solicit√≥ mi desafuero y se trab√≥ un embargo millonario.

Sin perjuicio de ello, vuelvo a ser convocada en esta causa, por tercera vez, aparentemente para que se me impute el mismo delito imaginario de siempre (ser jefa de la asociación ilícita) o bien para que se sume a la acusación alguna nueva manifestación extraída a otro arrepentido.

Al respecto, me remito a todas las defensas que fueron oportunamente interpuestas, las cuales actualmente se encuentran a conocimiento de las instancias judiciales superiores.

b. Causa N¬ļ 10.456/2014. Se trata del proceso p√ļblicamente conocido como “gas licuado”. Esta convocatoria no solo constituye un caso paradigm√°tico de arbitrariedad, sino adem√°s deja al descubierto la forma en que se gestan estas causas pseudo-judiciales, a saber:

El 8 de marzo del a√Īo pasado la C√°mara de Apelaciones del fuero revoc√≥ todos los procesamientos dictados en esta causa y dispuso la falta de m√©rito de todos los imputados, dado que la decisi√≥n de Bonad√≠o, impulsada por Stornelli, se basaba en una pericia falsa. S√≠, tal cual se lee: jueces y fiscales armando causas y metiendo gente presa con pericias falsas.

En tal ocasi√≥n se se√Īal√≥ lo siguiente:

“Contradicciones, olvidos, confusiones . Esos son los d√©ficits del peritaje elaborado por quien deb√≠a ser un experto en la materia. Evidentemente tales conceptos est√°n muy alejados de la demostraci√≥n de pericia en su actuar.

Pero las críticas no se reducen a ellos. A la par existen otros más preocupantes que ya no revelan sólo yerros. Antes bien, hablan de falsedades.

Por un lado, varias defensas demostraron ante el Tribunal -luego de una minuciosa exploraci√≥n del mundo virtual- que muchos de los pasajes del informe de David Cohen eran copia literal de diferentes documentos obtenidos de Internet y no me refiero con ello a sitios web de revistas especializadas que la comunidad cient√≠fica consulta y que atesora con mezquindad. Me refiero a p√°ginas de libre acceso y consulta, dirigidas al p√ļblico en general, con el rigor acad√©mico que ello supone.

[.]

Sin embargo, la apelación a tal recurso no se detuvo allí. En lo que refiere al tema más delicado, ese cuyos resultados generaron la alarma del ministro Aranguren, el `perito` acudió a otra herramienta. Esta vez, una presentación de estudiantes universitarios chilenos.

[.]

La natural inferencia de todo lo se√Īalado impone un nuevo orden en este √°mbito, y con ello, un nuevo horizonte. El peritaje de Cohen, gravitante como era para formular el reproche dirigido a los imputados, en su ca√≠da derrumba con igual fuerza el escenario montado. Y esto no lo digo yo.

El mismo juez de grado en su pronunciamiento colocó en un sitio de privilegio dicho informe pericial, tornando al resto de las probanzas en meros satélites indiciarios de lo que sólo Cohen pudo fusionar. Y ya vimos en qué términos.

[.]

Es todo lo dicho hasta aquí lo que revela claramente que la imputación formulada contra las diversas personas procesadas en autos se edifica en pilares que carecen de la más mínima solidez.

[.]

La inc√≥gnita perdura y, por tanto, la necesidad de una investigaci√≥n seria que le d√© una respuesta. De ah√≠, que corresponda iniciar genuinamente esa tarea, que debe principiar, como es debido, mediante la confecci√≥n de un peritaje comprometido con la b√ļsqueda de la verdad”.

Pero las arbitrariedades no cesaron.

Pese a lo dispuesto por la Cámara y al resultado favorable que arrojó una nueva pericia que desmentía la imputación, la investigación del juez y del fiscal continuó por el camino de la falta de seriedad absoluta.

En efecto, el 5 de noviembre del a√Īo pasado se present√≥ “espont√°neamente”en la Fiscal√≠a de Stornelli el ahora no abogado y no experto en delitos complejos Marcelo D`Alessio. Todo desopilante.

Seg√ļn consta en la declaraci√≥n obrante en la causa, D`Alessio, quien bajo juramento declar√≥ ser abogado, aport√≥ documentos que supuestamente corroborar√≠an el pago de sobreprecios en la importaci√≥n de buques con gas licuado. Adem√°s, el falso abogado al que tanto cr√©dito, por lo visto, le dieron Bonad√≠o y Stornelli, lisa y llanamente me atribuy√≥ haberme interesado en tal supuesto negocio, dando instrucciones para que el ENARSA aprobara unas p√≥lizas de seguro que no habr√≠an resultado convenientes en t√©rminos de costos y beneficios para dicha empresa.

El 12 de noviembre, Stornelli abri√≥ una vez m√°s su Fiscal√≠a a D`Alessio, para que √©ste ampliara su declaraci√≥n, aportara nuevos documentos y “ratificar todo el contenido vertido en la entrevista que tuv[o] con el periodista Daniel Santoro a efectos de brindar la informaci√≥n veraz contenida en lo que form√≥ su libro `El Mecanismo`”. ¬°Bingo! Stornelli con el falso abogado y el “periodista estrella” de Clar√≠n, experto en “investigaciones.” A esta causa no le falta nada.

Con estas √ļnicas nuevas “pruebas”, aportadas por un sujeto a quien ahora el fiscal califica de “enfermo psiqui√°trico”, el juez volvi√≥ a convocar a prestar declaraci√≥n indagatoria a las mismas veinticinco personas cuyos procesamientos hab√≠an sido revocados por la C√°mara de Apelaciones y, adem√°s, me incluy√≥ en la imputaci√≥n. ¬ŅSe entiende que Bonad√≠o me est√° citando a indagatoria en base a los dichos de Marcelo D¬īAlessio? S√≠, Bonad√≠o utiliza la declaraci√≥n de un personaje que fue filmado, grabado, fotografiado y “whatsappeado” con Stornelli, pidiendo coimas en la causa de las “fotocopias de los cuadernos”. Un esc√°ndalo nunca visto.

Ello así, pese a que nunca había sido mencionada en la causa antes de la declaración de D`Alessio y cuando claramente el hecho que se dice investigar resulta ajeno a las esferas de competencia de la Presidencia de la Nación.

Para que se entienda, luego de cinco a√Īos de tr√°mite de esta causa, en la que se llev√≥ a cabo una pericia falsa -valorada por el juez como si se tratara de una joya de la ciencia- y a partir de la declaraci√≥n de quien ahora es calificado como “enfermo psiqui√°trico”, debo afrontar un nuevo proceso penal, sin siquiera saber de qu√© se me est√° acusando.

En suma, como lo dije anteriormente, se trata de una convocatoria que carece de toda seriedad.

S√≥lo debo reiterar que el supuesto pago de sobreprecios en la importaci√≥n de buques con GNL ya sufri√≥ un severo traspi√© con la resoluci√≥n adoptada por la Sala I de la C√°mara de Apelaciones, cuando revoc√≥ los procesamientos que hab√≠an sido dictados; adem√°s, se trata de transacciones en las que no tuve ning√ļn tipo de intervenci√≥n, ya sea directa o indirecta, y no existe un solo elemento de prueba que me vincule tan siquiera remotamente con estos hechos.

c. Causa N¬ļ 3.710/2014. Se trata de un sumario iniciado en el a√Īo 2014 a partir de una nota del periodista Diego Cabot -otra vez, ¬ŅOtro Santoro?-, en la cual se afirmaba que varias empresas de colectivos habr√≠an recibido subsidios millonarios de manera injustificada. Ello as√≠, pues supuestamente presentaban declaraciones juradas en las que consignaban que recorr√≠an una cantidad de kil√≥metros mayor a la real.

En esta causa Bonadío también había ordenado procesamientos a discreción, los cuales fueron revocados por la Cámara de Apelaciones en virtud de su orfandad probatoria. Sin embargo, la causa no se cerró y, como de costumbre, la seriedad de la investigación brilló por su ausencia.

Ahora bien, la excusa para convocarme a prestar declaraci√≥n indagatoria en este proceso, en el cual tampoco hab√≠a sido mencionada a lo largo de cinco a√Īos, consisti√≥ en afirmar que las pruebas reunidas en la “causa de las fotocopias” (nunca se dijo cu√°les) ser√≠an “suficientes para configurar el estado de sospecha requerido por el art. 294 del CPPN”.

Es decir, a diferencia del caso anterior, aqu√≠ ni siquiera encontraron un D`Alessio que falsamente me imputara, sino que recurrieron al procedimiento antes mencionado de sacar fotocopias de la “causa de las fotocopias” y, sin mayores explicaciones, me vincularon con la causa.

Nuevamente, la falta de seriedad de todo este procedimiento salta a la vista.

Frente a esta nueva imputaci√≥n falsa en mi contra, que adem√°s carece de los requisitos que exige la ley procesal, s√≥lo corresponde se√Īalar que no tengo relaci√≥n alguna con las supuestas irregularidades que se investigan, cuya verificaci√≥n resulta ajena, de manera manifiesta, a las competencias propias de la Presidencia de la Naci√≥n.

Es m√°s, si nos atenemos a los dichos del denunciante, las supuestas irregularidades pudieron ser advertidas a partir de una medida que fue implementada por mi propio gobierno, esto es, la instauraci√≥n del sistema SUBE en las distintas l√≠neas de colectivo; esto es lo que habr√≠a permitido que se pudiera verificar que las declaraciones de las empresas en cuanto a kil√≥metros efectivamente recorridos no se habr√≠an ajustado a la verdad. Como nota de color, cabe se√Īalar que dicha medida, la implementaci√≥n de la tarjeta SUBE, fue combatida medi√°ticamente por los grandes medios de comunicaci√≥n, que hab√≠an instalado en la cabeza de la gente que con la tarjeta los √≠bamos a “vigilar”. ¬°Incre√≠ble!

Nuevamente, y para que se entienda: se me convoca a prestar declaración indagatoria por supuestas irregularidades en las que obviamente no pude haber tenido intervención alguna y que solo habría sido posible descubrir en base a las medidas adoptadas por mi propio gobierno. Es más, soy jefa de una asociación ilícita que recauda dinero por subsidios a colectivos y yo misma dispongo una medida para que el supuesto delito quede en evidencia.

En pocas palabras, se trata de un verdadero disparate.

d. Causa N¬ļ 13.820/2018. Este expediente se inici√≥ como un desprendimiento de la “causa de las fotocopias”; nunca fue enviado a la Oficina de Sorteos y se conform√≥ a partir de copias de supuestas declaraciones de arrepentidos.

Su objeto sería investigar presuntos pagos ilegales efectuados por distintos empresarios ferroviarios, con el fin de mantener sus concesiones y obtener subsidios estatales.

Si nos atenemos a la manera en que han sido indagados varios de los imputados, el hecho es contado de la siguiente manera:

I.- Se conform√≥ una asociaci√≥n il√≠cita desde principios del a√Īo 2003 hasta noviembre del a√Īo 2015 cuya finalidad habr√≠a sido organizar un sistema de recaudaci√≥n de fondos para recibir dinero ilegal, para enriquecerse y utilizar parte de esos fondos en la comisi√≥n de otros delitos.

II.- La asociación ilícita, como siempre, fue comandada por Néstor Kirchner y Cristina Elisabet Fernández.

III.- Concretamente, “en el √°rea de transportes, durante el per√≠odo comprendido entre el 1¬ļ de junio de 2003 y el 31 de mayo de 2012, los cobros eran recaudados por Ricardo Ra√ļl Jaime y Juan Pablo Schiavi, en sus condiciones de Secretarios de Transporte; ambos dependientes del Ministro de Planificaci√≥n Federal, Julio Miguel De Vido. En esta √°rea, las personas a cargo de las empresas concesionarias de los ferrocarriles pagaban a los nombrados Jaime y Schiavi entre un 5% y un 30% de los subsidios entregados por el Estado Nacional”.

Así las cosas, saltan a la vista dos graves inconsecuencias, a saber:

a. Desde lo jur√≠dico, vuelvo a ser indagada por la misma supuesta asociaci√≥n il√≠cita por la que ya estoy procesada en la “causa de las fotocopias”, imputada en la denominada “causa madre” (Expte. N¬ļ 15.734/2008) y acusada ante dos Tribunales Orales (causa N¬ļ 3732/2016 -“Los Sauces”- y causa N¬ļ 5048/2016 -“Obra P√ļblica”-).

Nuevamente, vuelvo a superar el récord que registran los anales de la jurisprudencia en cuanto a violación de la garantía del ne bis in ídem: me persiguen por el mismo delito de asociación ilícita en tantos procesos que ya es imposible registrar una cuenta exacta.

b. Desde lo f√°ctico, a la luz de la imputaci√≥n precedente, resulta inexplicable el recorte temporal que se invoca con relaci√≥n a los pagos que habr√≠an efectuado los concesionarios ferroviarios, los cuales, se afirma, habr√≠an dejado de existir en el a√Īo 2012. ¬ŅEst√° claro que fui presidenta hasta el a√Īo 2015, no?

Para que se entienda, si soy jefa de una asociaci√≥n il√≠cita destinada a recaudar dinero durante un tiempo que coincide con mis dos per√≠odos presidenciales, ¬Ņcu√°l es la raz√≥n por la cual esta misma supuesta pr√°ctica dej√≥ de llevarse a cabo con los mismos empresarios que mantuvieron sus concesiones incluso hasta la finalizaci√≥n de mis mandatos?

La inconsistencia del cargo, al igual como ocurre en el caso de los subsidios a los colectivos, me exime de mayores comentarios.

En suma, dado que la imputaci√≥n, como siempre, es absolutamente difusa, il√≥gica y arbitraria, forzoso es concluir que jam√°s orden√© ni recib√≠ ning√ļn pago ilegal por parte de los concesionarios ferroviarios, con quienes adem√°s tampoco mantuve ning√ļn tipo de relaci√≥n personal o funcional.

e. Causa N¬ļ 13.816/2018. Se dan aqu√≠ las mismas irregularidades antes relatadas. Concretamente, se trata de otro desprendimiento de la “causa de las fotocopias”, no se realiz√≥ sorteo alguno para designar al juez que deb√≠a entender en el caso y el expediente se form√≥ con copias de las supuestas confesiones de algunos arrepentidos, a la cual se agregaron, para juntar papeles, impresiones de actos de gobierno e informes irrelevantes referidos a m√°s de cien empresas contratistas del Estado.

En este proceso se estar√≠an investigando presuntos pagos ilegales efectuados por empresas vinculadas a la obra p√ļblica civil.

Aquí se me acusa, una vez más, de haber liderado una supuesta asociación ilícita y tampoco se precisa cuál habría sido mi participación en los cientos de presuntos actos delictivos a los que genéricamente se hace referencia en el expediente. Todo se resume al supuesto carácter de jefe de tal imaginaria asociación, de la que no existe por cierto evidencia alguna.

En estas condiciones, como ya lo advert√≠, desarrollar el derecho de defensa en juicio resulta imposible, debiendo limitarme naturalmente a se√Īalar que se trata de una nueva imputaci√≥n calumniosa en mi contra.

f. Causa N¬ļ 18.590/2018. Al igual que los dos casos anteriores, se trata de otro expediente derivado de la “causa de las fotocopias”, en la cual se estar√≠an investigado presuntos pagos ilegales efectuados por concesionarios viales.

Aunque parezca increíble -o ya no tanto-, el Juzgado volvió a sacar copias de supuestas confesiones de algunos arrepentidos para conformar una nueva causa, imprimió decretos y resoluciones administrativas, agregó informes insustanciales relativos a varias empresas y, sin más, ordenó mi convocatoria en los términos del art. 294 del CPPN, acusándome nuevamente de haber liderado la misma supuesta asociación ilícita.

En consecuencia, me remito a las consideraciones efectuadas en los casos anteriores, en cuanto a la negativa sobre los cargos que se formulan y sus manifiestas irregularidades e inconsistencias.

g. Causa N¬ļ 15.386/2018. En el marco de uno de los allanamientos arbitrarios ordenados en la “causa de las fotocopias” se habr√≠an secuestrado documentos hist√≥ricos que seg√ļn Bonad√≠o “no podr√≠an estar en manos de particulares”. Ello cual dio lugar a la formaci√≥n de un nuevo expediente que fue enviado a la Oficina de Sorteos y, oh casualidad, recay√≥ en el Juzgado de Bonad√≠o.

Por medio de mi defensa recusé a Bonadío, dado que el juez no puede investigar los mismos hechos que él mismo denunció -la extracción de testimonios para investigar un nuevo hecho es una denuncia, en los términos del art. 177 del CPPN-, pero el planteo fue rechazado.

Lo ins√≥lito es que en el marco de otro de los expedientes que se vinculan con la “causa de las fotocopias” Bonad√≠o orden√≥ extraer testimonios para investigar un presunto hecho delictivo atribuido al juez Luis Rodr√≠guez y, una vez que el expediente recay√≥ en su Juzgado, previo sorteo de ley, se excus√≥ para entender en la causa, alegando que lo actuado previamente implicaba “una toma de posici√≥n respecto de los sucesos que impiden poder decidir que asuma la investigaci√≥n con la objetividad que deber√≠a tenerse”.

Es decir, frente a dos situaciones idénticas, Bonadío retuvo para sí la investigación dirigida en mi contra -ordenando mi indagatoria- y se excusó para entender en la causa que tiene como imputado a uno de sus colegas de Comodoro Py.

Ahora bien, como había que generar una noticia de impacto (Cristina fue convocada a prestar declaración indagatoria en ocho causas), el juez ni siquiera aguardó a la finalización de los estudios periciales relativos a estos documentos y así, de un día para el otro, ordenó mi citación.

Esta séptima acusación resulta absolutamente falsa, a lo que se suma que el hecho que se me imputa ni siquiera constituye delito, pues jamás tuve dolosamente en mi poder documentos ajenos o que debieran ser resguardados por alguna autoridad competente.

h. Causa N¬ļ 18.704/2018. Finalmente, fui convocada a prestar declaraci√≥n indagatoria en esta octava causa, en la que se afirma que se utiliz√≥ la flota a√©rea presidencial de manera irregular, con el prop√≥sito de enviar diarios y una serie de muebles a la provincia de Santa Cruz.

Esta versi√≥n no es novedosa, ya que desde hace a√Īos, siempre los mismos denunciantes y siempre los mismos medios de comunicaci√≥n, vienen repitiendo la misma versi√≥n que, incluso para algunos, adquiri√≥ el car√°cter de leyenda.

Al igual que el caso anterior, Bonad√≠o interviene ileg√≠timamente en esta investigaci√≥n, iniciada en base a supuestas pruebas recabadas en la “causa de las fotocopias” y, sin mayor tr√°mite, dispuso mi citaci√≥n en los t√©rminos del art. 294 del CPPN.

Como las ilegalidades nunca cesan, en este caso se impidió que mi defensa compulsara las actuaciones, intentando entorpecer, una vez más, el derecho que asiste a toda persona imputada en una causa penal.

As√≠ las cosas, con relaci√≥n a esta acusaci√≥n debo enfatizar que jam√°s, ni N√©stor Kirchner ni la suscripta, utilizamos los bienes del Estado en nuestro propio provecho o fuera de lo que importaba el cumplimiento de funciones oficiales. Quien afirme lo contrario indudablemente miente, y cuando las actuaciones lleguen a una instancia oral y p√ļblica, espero que ante Tribunales imparciales, ello quedar√° debidamente desvirtuado.

6. Recapitulando, el cuadro de situación es el siguiente:

a. Se han armado un montón de causas para poder citarme a prestar declaración indagatoria y luego procesarme, generando noticias de alto impacto mediático.

b. En ning√ļn caso existen pruebas que me vinculen con los supuestos delitos que se dicen investigar y que, por ende, justifiquen el estado de sospecha que exige la ley procesal para llevar a cabo tales citaciones.

c. En la mayor√≠a de los procesosvuelvo a ser indagada por ser la presunta jefa de una misma asociaci√≥n il√≠cita que se habr√≠a dedicado a cometer delitos entre los a√Īos 2003 y 2015.

Lo cierto es que a lo largo de todo ese período solamente fui la titular, junto con Néstor Kirchner, de gobiernos elegidos democráticamente por el pueblo argentino en tres elecciones consecutivas, que tuvieron como principal objetivo otorgar derechos a los sectores más postergados de nuestra sociedad.

d. No obstante todas las arbitrariedades perpetradas por el juez y el fiscal, no consiguieron una sola prueba -porque no existe- que demuestre que recib√≠ coimas por parte de contratistas del Estado o que comet√≠ delitos en el ejercicio de la funci√≥n p√ļblica.

e. Han quedado en evidencia las gravísimas irregularidades -por no decir verdaderas actividades delictivas- que fueron llevadas a cabo por el juez y por el fiscal para tratar de inventar pruebas en mi contra.

Tanta ha sido la impudicia de semejante proceder que estos operadores judiciales quedaron atrapados en su propia torpeza. La utilización como elemento de prueba de lo declarado por D`Alessio es una muestra irrefutable de los niveles de descomposición a los que se ha llegado.

En rigor de verdad, ello s√≥lo es la punta del hilo que parece conectar a abogados, esp√≠as, periodistas, jueces, fiscales y defensores oficiales, cuya actuaci√≥n descontrolada pone en serio riesgo no s√≥lo el funcionamiento de la justicia, sino tambi√©n la vigencia del sistema democr√°tico. Finalmente, y a la luz de los hechos que son de p√ļblico y notorio conocimiento, estar√≠amos ante verdaderas organizaciones delictivas que utilizan el poder de un sistema judicial con r√©moras mon√°rquicas que articul√°ndose con lo medi√°tico han convertido en un verdadero lodazal la actividad judicial. Todo ello, m√°s temprano que tarde, deber√° ser seriamente investigado por jueces y fiscales independientes, que cumplan con los deberes que les han sido confiados.

Tener presente lo expuesto y proveer de conformidad,

SER√Ā JUSTICIA.

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