El Congreso valida con más de siete años de retraso el nuevo Estatuto valenciano

Más de siete años después de su aprobación en el Parlamento regional, el Congreso validó este jueves la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Un texto impulsado bajo el mandato de Francisco Camps que ha concitado un consenso inédito entre el Partido Popular, PSOE, Compromís y Podemos. Únicamente Ciudadanos con su abstención se ha descolgado de un acuerdo que establece como principal novedad que que la inversión del Estado en la Comunidad Valenciana debe de ser equivalente al peso poblacional, situado en un once por ciento.

Lo que en su día se acuñó como la «cláusula Camps» se ha traducido finalmente en la modificación del artículo 52 del Estatuto de Autonomía, en el que se recoge que la Generalitat «participará en las decisiones sobre la inversión del Estado en la Comunitat Valenciana» que será «equivalente» al peso de la población de la región en el conjunto de España por un período de siete años. Con esta finalidad, se constituirá una Comisión «integrada por la Administración estatal, autonómica y local».

La reforma del Estatuto, que debe ser refrendada por el Senado, fue aprobada por mayoría absoluta con la única abstención de Ciudadanos, que entiende que la cláusula que blinda las inversiones es inconstituciona. Al respecto, el diputado Toni Cantó argumentó que el nuevo texto resulta «inaplicable» y se trata de «un brindis al sol». De hecho, como ha sentenciado el Tribunal Constitucional, las Cortes Generales no están obligadas a cumplir estas reservas estatutarias en los Presupuestos del Estado.

Ximo Puig saluda a Joan Tardà
Ximo Puig saluda a Joan Tardà – EFE

Con todo, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, señaló que la norma supone una «exigencia», mientras el PP, con su líder autonómica, Isabel Bonig, a la cabeza, reivindicó la paternidad de una reforma que ve la luz tras una travesía de siete años y a la que sumaron hasta los independentistas de ERC, que en boca de su portavoz, Joan Tardà, cifraron en 6.000 millones de euros anuales el «expolio fiscal» del Estado a la Comunidad Valenciana.

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