El Congreso propone privar de Internet a los condenados por ciberdelitos graves

La seguridad nacional ya no se juega solamente en los dominios tradicionales de la tierra, el mar y el aire, sino cada vez más en un cuarto: el ciberespacio donde, -amparados por el anonimato, la fácil accesibilidad, el dinamismo o el mínimo peligro asociado a dificultad de atribución de autoría-, operan el crimen organizado, el terrorismo, el espionaje, o agentes que pugnan por la inestabilidad económica, la vulnerabilidad energética o el desastre climático.

De abordar la dimensión de este escenario que muta a velocidad de vértigo, de conocer sus riesgos y también de valorar sus incuestionables beneficios se ha ocupado la comisión mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional que, bajo la presidencia del exministro del PP José Manuel García-Margallo, es una de las pocas que llega a este abrupto fin de legislatura con el trabajo hecho y unas conclusiones, que en este caso reclaman avanzar en la regulación de la ciberseguridad y su dotación presupuestaria «cuantiosa» para que España esté preparada ante las amenazas que emanan fruto de la disrupción digital. Una de las aspiraciones de este documento es que la suma de actuaciones que recomienda se articulen en un Plan operativo que complemente la Estrategia de Seguridad Nacional, de modo que se implique en la ciberseguridad no solo a lo institucional, sino a medios de comunicación, prestadores de servicios digitales, universidades, centros de pensamiento, educativos, empresariales o sindicales con un objetivo último: que nuestro país ocupe «el lugar que le corresponde» en esta materia y sea referencia para otros estados, en especial los de Latinoamérica.

Sentido crítico

«Hemos trabajado con muy poco ruido y mucho esfuerzo», resumía ayer Margallo en referencia a una labor que se ha plasmado en esa ponencia que, previsiblemente, será aprobada hoy en la última sesión de la comisión y a cuyo borrador ha tenido acceso este diario. Un texto todavía ayer provisional en el que, más allá de consideraciones de carácter general, se subraya la conveniencia de dar también pasos concretos para, por ejemplo, modificar el Código Penal para tipificar la figura de la suplantación de identidad en la red o retocar los delitos de injurias y calumnias para que herederos y familiares puedan ejercer acciones legales una vez que el ofendido haya fallecido. Igualmente, la ponencia propone «estudiar la procedencia de sancionar con pena de privación de utilización de Internet o de administrar páginas web» para prevenir la reiteración a quienes fuera condenados por delitos graves en el ámbito ciber, y se apunta «el acoso a menores a través de Internet».

Como no podía ser de otra manera, el informe final muestra su preocupación por la necesidad de promover una cultura de ciberseguridad que dote a los ciudadanos de «garantías precisas de libertad de criterio» que les permitan concienciarse sobre «los peligros que esconde la red». En particular, se dice expresamente, para que la sociedad pueda ser «resiliente» ante quienes buscan cometer delitos abusando de este espacio o «llevar a cabo campañas de desinformación», en las que se emplean las llamadas «fake news».

Las conclusiones, veintidós, se han formulado tras escuchar desde 2017 a un panel de académicos, investigadores, mandos militares, cargos públicos y privados entre los que recientemente se contaron el director del CNI, Félix Sanz o Javier Candau, jefe de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT), que junto con el Incibe (Instituto Nacional de Ciberseguridad) el CNIPIC (Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y el Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD), conforman el entramado institucional que vela por la seguridad en el espacio ciber.

De sus comparecencias se ha extraído la recomendación de la comisión de completar en España la transposición de la Directiva NIS para la seguridad de redes y sistemas de información y seguidamente su reglamento como cuestión de «enorme urgencia», según enfatizó Margallo. También medidas que insisten en la procedencia del consenso político para agilizar las actuaciones; de adaptar la educación a los ámbitos laborales emergentes, de potenciar la participación de la mujer en este sector o crear sistemas de detección de talento «ciber».

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