El asesinato en Canarias del confidente de Felipe V

En Canarias los políticos de corte nacionalista dicen que el «pleito insular» es un asunto del pasado y que actualmente se reduce al fútbol y canciones de carnaval. Pero no es así. El 18 de junio de 1720 forma parte de la historia negra de las islas por el desequilibrio de poderes entre Tenerife y Gran Canaria. De hecho, desde este 2019 hay un presidente autonomico de Las Palmas por primera vez en 20 años y con residencia en Santa Cruz de Tenerife.

El 1 de julio de 1718 llegó a Santa Cruz de Tenerife Juan Antonio de Cevallos y Gayón como intendente del archipiélago. Era confidente de Felipe V y quien le alertó de diversos fraudes en Tenerife con mercancías ilegales. Lo que no esperaría Cevallos era que el «turroneo» estaba en manos de los generales de aquel periodo. Natural de Cantabria, el 18 de junio de 1720 encontró la muerte por las calles de la capital tinerfeña. Lo mutilaron a medida que su cuerpo era paseado por una turba enfurecida.

El alto funcionario, un «pata negra» de lo que hoy sería la Administración general del Estado, sufrió una campaña de acoso y derribo de su imagen antes de ser acuchillado y humillado al tiempo que se desangraba. Su delito era meterle mano a la corrupción portuariae intentar equilibrar el poder en las islas. Es decir: que en Las Palmas hubiera algo de estructura administrativa. Los mandos militares acudían a Las Palmas solamente a tomar posesión.

Mercado regulado con salvoconductos

¿Cómo era la economía en aquel periodo para justificar el poder en Tenerife? Entre 1715 y 1719 desde las islas se exportaban mercancías al Reino Unido 57.339 toneladas de mercancías frente a 27.123 toneladas importadas, es decir, un saldo positivo de 30.216. La misión de De Cevallos era que esa balanza comercial tuviera efectos en la recaudación del Estado. A partir de su muerte, las exportaciones canarias comienzan la senda negativa.

Veinticuatro años después de la muerte de Cevallos, en Tenerife ya vívían 60.218 habitantes y en Gran Canaria 34.864 personas. En La Palma, 17.581 personas. En Lanzarote un total de 9.626 almas y en Fuerteventura 8.852 ciudadanos mientras en La Gomera vivían 6.251 vecinos y en El Hierro 3.687 personas, de acuerdo con los datos del profesor Macías Hernández, de la Universidad de La Laguna, en su estudio «Agricultura de Canarias en el Siglo XVIII».

Prueba del control militar del mercado interior de acuerdo con los datos del profesor Macías, el comandante y terrateniente Manuel de Armas Scorcio, en 1773, pidió liberar el comercio de granos, principal excedente de la isla, «atenazado por la burguesía vitícola de Tenerife, al no autorizar el Comandante General las exportaciones al exterior del Archipiélago mientras aquel mercado insular no estuviera abastecido». Se arguementó la ausencia de circulante; pero pudo más el control de las exportaciones.

Transformación

Rumeu de Armas destaca en sus investigaciones que el frente de batalla administrativo lo ganó Santa Cruz de Tenerife por la presión militar. «El siglo XVII vio transformarse a Santa Cruz en plaza militar de primer orden».

Así, mientras Lanzarote, La Palma, Fuerteventura, Gran Canaria o La Gomera estaban con la resaca de ataques de piratas, la capital de Tenerife «era la llave indiscutida de la isla, y así fue valorada por los técnicos más diversos» hasta el punto que «la ribera del mar se fue erizando de fortificaciones y poblando de presidios», sostiene Rumeu de Armas, que agrega: «Durante los cincuenta primeros años del siglo XVIII el lugar crece desmesuradamente». Para Rumeu de Armas, el aparato milrtar «puso en manos de Santa Cruz el monopolio total del comercio».

Pasaron sesenta años desde la muerte de Cevallos y el problema del desequilibrio insular seguía existiendo. Los jueces mandaron a Madrid desde Las Palmas una carta en verano 1780 que señala: «estas islas se han convertido en unas colonias militares, gozando al menos dos partes de tres que componen su vecindario del fuero militar (…). Que como consecuencia forzosa se miran desautorizadas y desairadas las justicias ordinarias y por consiguiente la Audiencia, reducida su jurisdicción a un corto número de súbditos y éstos los más miserables y despreciables (…)».

Chiringuitos

Felipe V mandó a Canarias a Ceballos a vigilar, entre otros, la entrada de dinero en las islas procedente del comercio internacional. Antes había sido corregidor de Salamanca entre 1706 y 1714 además de superintendente de Rentas Reales de Cádiz desde 1714 hasta su llegada a Canarias en 1718.

De Cevallos plantó cara a la cúpula militar de Canarias y lo perdió. Había dinero en medio. El Rey Felipe V encontró en los militares de las islas no precisamente a aliados porque se dedicaban a meter fuego a la gente en las calles para garantizar sus chiringuitos.

Los abusos eran tales que los soldados canarios de las milicias tenían inmunidad judicial y hacían en Gran Canaria lo que les daba la gana. Pero como Tenerife estaba «lejos», los jueces civiles no podían meter mano a nadie. Con la llegada de Ceballos, Felipe V intentó poner remedio y lo nombró su representante a todos los efectos en las islas. Al final, era un técnico de reconocido prestigio para generar paz con poderes casi absolutos.

Pero el poder militar no hizo caso a Felipe V. «Desafortunadamente, esta segunda medida no hizo retroceder al general en su proceder, pues persistió en su actuación como presidente del tribunal de forma unipersonal en Tenerife», detalla la profesora María Dolores Martell, de la Uiversidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

En suma, «la guerra abierta entre ambas instituciones alcanzó niveles importantes ocasionando divisiones y parcialidades entre los vecinos de las islas con las consiguientes revueltas que alteraron la paz social», subraya.

¿Turba enfurecida o intoxicada?

La Academia Española de Historia achaca la muerte de De Ceballos a «su rigidez en cumplir su misión de cortar los abusos que menudeaban en las islas». Pero, en el fondo, fue por cumplir las normas ordenadas por Felipe V. Esto «le valió el encono del capitán general y de la población»”. En Santa Cruz de Tenerife hubo «un motín popular, y el intendente pereció a manos de una turba enfurecida».

La presencia de Cevallos en las islas chocó de frente con el capitán general en las islas, José Antonio de Chaves. El régimen comercial de Canarias con las Indias en los siglos XVI, XVII, y XVIII. Cevallos tenía un gran poder en Canarias aunque estaba aislado. En todos los frentes: político, económico, militar y tributario no pudo hacer prácticamente nada. Al menos, se puso como meta aumentar la recaudación en las islas y comenzó a intervenir en las mercancías procedentes de América. Pero la gente no veía solamente a un funcionario de Hacienda. Sino a un como un confidente de Felipe V información que vigilaba al Ejército y otros centros de poder.

«Desórdenes en el archipiélago al lograr divisiones entre los vecinos de las islas»

En enero de 1720 remitió una carta al Rey denunciando: «continuas desazones» en las islas y pedía: el apartar al capitán general, «por ser el que con sus comercios ocasiona estas displicencias, nacidas de lo que llevo expresado, por sus abusos; y lo que dio motivo a vivir en ella a los capitanes generales fue el tener la superintendencia de todas las rentas, dejando con este pretexto de vivir en la isla de Canaria». Ceballos sería «procanarión» y seis meses después perdió la vida.

Los chivatazos de Cevallos generó malestar en Tenerife. «Los poderosos comandantes generales, entre otras autoridades del archipiélago, empujaron a cierto sector de la población a tal nivel de alborotos y excesos que la Corona, por primera vez en la historia de Canarias, vio peligrar su poder político sobre un territorio tan alejado del poder central», afirma la profesora Martell.

La guerra fría provocó enfrentamientos con los generales De Mur y Aguirre (1719-1722) o Fernández Villavicencio, marqués de Valhermoso (1722-1734), entre otros. Felipe V tomó nota de la muerte de Cevallos y generó la desaparición de la Intendencia General en el verano de 1724. Las comtencias en impuestos pasaron a ser cosa del gobernador de las islas y del capitán general. «Estos conflictos jurisdiccionales, generadores de tensiones institucionales, desencadenaron múltiples desórdenes públicos en el archipiélago al lograr divisiones y parcialidades entre los vecinos de las islas», apostilla Martell.

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