El actual CGPJ denuncia una campaña de descrédito contra Lesmes para sacarlo «a toda prisa»

La primera consecuencia de la ruptura del acuerdo entre el Ejecutivo y PP para la renovación del órgano de gobierno de los jueces es que el actual Consejo del Poder Judicial, que cumple su mandato el próximo 4 de diciembre, estará en funciones meses. «O se renueva en enero, cuando el temporal haya amainado, o ya no se renovará en años», vaticinaba uno de los firmes candidatos a vocal en declaraciones a ABC tras la tormenta política que paralizó el pacto entre Gobierno y PP. No sería el primer caso en el que no se cumplen plazos. El CGPJ que presidió el ya fallecido Francisco José Hernando de 2001 a 2006 estuvo en funciones durante los dos años siguientes al no ponerse de acuerdo los grupos parlamentarios para renovar el órgano.

Antes del whatsapp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, los vocales salientes y el propio presidente, Carlos Lesmes, ya estaban haciendo las maletas para desalojar la sede de Marqués de la Ensenada, muchos con un mal sabor de boca por lo que consideran una «injusticia»: que se haya culpado al órgano de gobierno de los jueces, en concreto a su presidente, del descrédito de la justicia por la forma en la que se gestionó la crisis de las hipotecas. Aquellos días, confiesan vocales de su entorno, Lesmes estaba muy afectado por que el resumen de sus cuatro años de mandato fuera la acusación de haber protagonizado «el mayor ataque a la credibilidad de la justicia», como se llegó a decir.

En su círculo de vocales más próximo denuncian una campaña de acoso y derribo al presidente: «Se lo querían quitar de encima cuanto antes y nos han metido a todos en un inmerecido (también para él) saco, cuando todo el mundo sabe que el CGPJ no entra en decisiones judiciales», recuerdan, poniendo el foco de la responsabilidad en el presidente de la Sala Tercera, Luis María Díez-Picazo, aupado a ese puesto por el propio Lesmes. De la gestión de aquel asunto, el del famoso pleno de las hipotecas, los vocales no ocultan su «perplejidad» por cómo empezó todo. Aseguran que se utilizó para deslegitimar al Consejo y de ahí las prisas por la renovación del órgano en plazo. «Nos iban empujando, querían que nos fuéramos deprisa», señalan en clara alusión al Partido Popular, cuyas relaciones con el presidente del Supremo y CGPJ no son precisamente buenas.

Critican la «falta de pudor» que ha habido en las negociaciones entre Gobierno y populares, que han puesto al órgano de gobierno de los jueces a los pies de los caballos. «En un sistema parlamentario se habla y se negocia, pero lo que no parece ni medio normal es que el nombre del presidente trascienda antes de que los vocales hayan sido nombrados», comenta un vocal de la Comisión Permanente del Consejo.

Lo cierto es que si esa campaña de descrédito a la figura de Lesmes es cierta, después de los últimos acontecimientos se ha vuelto contra los presuntos instigadores, porque como dice, resignado, otro vocal, que no comulga con el presidente, «tenemos Lesmes para rato».

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