Dos elecciones para un curso político

Con o sin Pablo Casado bendiciendo el inicio del curso político que este septiembre se inaugura en Galicia, los doce meses que restan por delante hasta el previsible fin de la legislatura en otoño se presentan tan apasionantes como imprevisibles, ya que en la agenda de muy pocos dirigentes aparecía tener que campañear este otoño por la necesidad de repetir las elecciones generales. El guión establecía que la cita con las urnas sería las autonómicas del año próximo, y esta más que probable convocatoria nacional va a trastocar las estrategias de la izquierda, el centro-derecha y el nacionalismo. Todo en el aire, pero aroma pre-electoral inequívoco en doce meses que se presumen intensos. Este diario ha pulsado las opiniones al respecto de los portavoces de los grupos parlamentarios.

«El PP tiene una mayoría en la Cámara, que no es por otra cosa que la voluntad de los gallegos. La oposición está ciertamente inquieta porque en estos momentos su situación no es buena», analiza el popular Pedro Puy. «Además, sus procesos internos no han reforzado sino todo lo contrario la posibilidad de una alternativa coherente al actual Gobierno», incide. Para el socialista Xoaquín Fernández Leiceaga, «la incógnita es saber si el PP mantiene a Feijóo como cabeza de lista, tengo la impresión de que sí». Considera que «buena parte del crédito» del PP «está agotado» y que «después de 10 años las promesas ya son más vacías que nunca». Aporta Ana Pontón, portavoz del BNG: «Tenemos un Gobierno central que está en funciones y un Gobierno de la Xunta que está de vacaciones. Lo que está claro es que el proyecto de Feijóo está agotado, que no tiene nada que ofrecerle a este país». Desde el Grupo de En Marea, Manuel Lago barrunta la posibilidad de que la Xunta «dedique su esfuerzo a la precampaña electoral» y «se olvide no solo de gobernar, sino de resolver los problemas que tiene el país».

Antes incluso de que se empiece a hablar en clave autonómica, los partidos tendrán que volver a adaptarse a la confrontación estatal, con las enseñanzas derivadas de la cita del pasado abril, cuando el PSOE ganó por primera vez en Galicia, fruto de la división en la derecha y del mal momento de la marca PP. Ahora hay varios elementos nuevos en el discurso: el desprecio del Gobierno de España a las comunidades autónomas a la hora de evitar el pago de una deuda millonaria derivada de las entregas a cuenta, y en especial a Galicia, con 700 millones de euros en el aire; y la trifulca entre PSOE y Podemos a cuenta del fracasado ejecutivo de coalición, minado por las desconfianzas mutuas y los tacticismos cortoplacistas, un ajedrez chapucero que está por ver qué consecuencias tiene entre su electorado. «Esta situación ya es un cachondeo y una ofensa y una burla al conjunto de la ciudadanía, que votó y votó claro para que se constituya un Gobierno», señala Luís Villares desde el Grupo Mixto. Y añade: «¿Por qué se desatiende el mandato ciudadano? Pensamos que son por igual irresponsables el PSOE y Podemos».

«Vamos a ver qué pasa hasta el día 23. Yo aún no tiro la toalla por completo de que haya un Gobierno Sánchez en este mes, creo que sería lo mejor para todos», atempera Leiceaga. «Una repetición electoral supondría inestabilidad política», pondera Lago, que considera que la ausencia de Gobierno, como mínimo, hasta enero, «tendría múltiples consecuencias sobre la economía, la política y la propia dinámica institucional». Hay, en cambio, quien ve el vaso medio lleno si se repiten los comicios, como Pontón: «Galicia va a tener una oportunidad para recuperar voz, porque estamos viendo que no hay agenda gallega en Madrid».

Caballero, desubicado

En la reclamación de los 700 millones de euros adeudados, el PP ha conseguido que se asuma su relato: el Gobierno pudo haberlo abonado antes de las elecciones del 28-A pero prefirió dedicar los Consejos de Ministros a sus «viernes sociales», en lugar de garantizar la financiación autonómica. Es más, el resto de formaciones de izquierda comulgan con la necesidad de reclamar esta factura, aunque se difiere en la forma: la Xunta prefiere optar por una reclamación política de alta intensidad, el BNG exige secundar a Cataluña y abrir la vía judicial. En este escenario el que se ha quedado desubicado es el PSdeG de Gonzalo Caballero, rehén de su incapacidad de hacer un solo reproche al Gobierno de Pedro Sánchez.

Al líder socialista, que en los próximos días se estrenará en el Parlamento de Galicia de facto (y no como mero atrezzo de una diputación permanente), le van a apretar las clavijas con esta cuestión. De su habilidad para encontrar una postura de país y no de partido dependerá buena parte de su aterrizaje en la Cámara. «Ante una posición razonable del Gobierno [gallego] de demandar al Estado que transfiera los 700 millones», convocando el Consejo de Política Fiscal y Financiera, «estamos viendo cómo el principal partido de la oposición no solo no se une a esta demanda, a la que se han unido otros líderes socialistas, sino que encima se ha llegado a afirmar que el Gobierno [gallego] tiene dinero de sobra y se tiene que dedicar a gobernar», censura Puy. El pasado viernes, por boca de Leiceaga, el PSdeG insistía en acusar a la Xunta de «sobreactuación».

Para Pontón, la cuestión «no se reduce» a ese cuantioso agujero. «Cuando los asuntos claves de Galicia dependen de Madrid, a este país no le va bien», apunta. «Es un debate mucho más amplio y que tiene un calado mucho mayor». El Bloque quiere «que se ponga sobre la mesa la necesidad de formular un nuevo modelo de financiación, en la que la capacidad de recaudación la tengamos aquí; también las decisiones sobre los impuestos»; «devolverle la llave del dinero de Galicia a los gallegos y las gallegas». «Todo este problema sobre la financiación de las comunidades autónomas», suma Lago, «supone un condicionante extraordinario». «En temas cruciales para la gobernabilidad de Galicia, como puede ser el incumplimiento del Estado en las entregas a cuenta», retoma Puy, «vemos que la oposición está francamente dividida y eso hace que estén nerviosos y quieran elecciones cuanto antes, para que estas divisiones no sean evidentes».

El impago de la deuda tiene otras consecuencias. La principal, sus efectos en las cuentas públicas de Galicia para este ejercicio y el venidero. En los últimos años, los Presupuestos de la Comunidad han venido experimentando un lento crecimiento, que ha permitido a la Xunta abandonar la situación de emergencia y recorte que se vivía entre 2009 y 2013 para empezar a abrir el grifo del gasto público y la inversión. La mejora de la sanidad pública está, sin duda, condicionada por una mayor capacidad presupuestaria. Sin los Presupuestos del Estado, sin ni siquiera un cuadro macroeconómico al que aferrarse, Galicia va a tener que realizar unas previsiones moderadas, y a sabiendas de que las transferencias estatales pueden venir con notable retraso. «La dejadez del Gobierno», expone Puy, «condiciona y de forma muy importante la gestión de la Hacienda pública autonómica». «Sería un Presupuesto», el de Galicia en 2020, «muy condicionado a variables que ahora no están claras», concede Lago.

El proyecto presupuestario de la Xunta se enfocaba además hacia un incremento del gasto social, de la mano de leyes como la de Impulso Demográfico, que debería aprobarse en este periodo de sesiones. Es uno de los proyectos más queridos por Feijóo, pero está por ver si puede aplicarlo en su integridad mientras el Ministerio de Hacienda no abone lo que debe. Y el tercer afectado puede ser el Xacobeo 2021, que aunque su programación se va a sostener sobre una fuerte presencia de patrocinios privados, la aportación pública es decisiva.

Socialistas y morados

El otro asunto que va a marcar este curso político es una derivada del panorama nacional: la relación entre el PSOE y Podemos, que en Galicia encuentra una complicación añadida al haber saltado por los aires la confluencia En Marea por las luchas internas de poder. Socialistas y morados están obligatoriamente llamados a entenderse en el caso de una hipotética pérdida de la mayoría absoluta por parte del PP. Pero todo lo sucedido en Madrid con la conformación de un nuevo gobierno cortocircuita las relaciones entre unos y otros, y sobre todo, traslada a la opinión pública la imagen de la alternativa imposible, que además ya no sería bipartita (como fue el caso de PSOE y BNG entre 2005 y 2009) sino, al menos, tripartita (PSOE, BNG y En Común), con la duda de qué sucederá con la En Marea de Luís Villares.

Habla este último: «Queremos consolidarnos como proyecto político en Galicia y eso supone trabajar este año ya sin el lastre que nos suponían los problemas que nos traía tener a Podemos dentro del espacio de En Marea; poder trabajar libremente». «Nos enfrentamos a la necesidad de reformular nuestro proyecto», explica Lago, quien alude a la «reconstrucción permanente» de una candidatura que «no va a ser En Marea, tendrá otro nombre», pero «dentro de esa dinámica que se inició con el acuerdo de Beiras y Yolanda Díaz». La ruptura del rupturismo «refuerza nuestra posición de alternativa», entiende Leiceaga, quien aprecia un plus de «responsabilidad».

Un panorama que observan los populares desde su posición de mayoría: «Por mucho que se aceleren los procesos electorales, no se va a dejar de ver que la oposición discrepa en temas esenciales ideológicos, como la configuración territorial, y temas mucho más vinculados a la gestión diaria, como la sanidad, la educación. El PP tiene estabilidad. El presidente, que es el único que tiene la facultad de disolver la Cámara, ha dicho que su intención es acabar la legislatura», desgrana Puy. Salvo giro inesperado, los rivales de Feijóo tendrán que esperar al siguiente otoño.

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