Dilemas electorales del conurbano indescifrable

El Gran Buenos Aires constituye un universo sociocultural plagado de incógnitas políticas. Producto del curso de la industrialización del país a partir de la crisis de 1930, su expansión fue correlativa a sus sucesivos ciclos económicos. Hasta los 70, recorrer su geografía suponía un espectáculo monótono de espacios socialmente compartidos: desde escuelas y hospitales públicos hasta plazas y cementerios. A partir de entonces, ingresó en un proceso de descomposición respecto del medio siglo anterior: desde el plano urbanístico hasta el económico y social.

El conurbano representa hoy un 0,5% del territorio nacional que alberga a aproximadamente doce millones de personas. Un 40% de ese conjunto se inscribe en ese mundo difuso, heterogéneo e históricamente novedoso de la pobreza endémica. Estos guarismos explican su importancia políticamente estratégica, pues allí se concentra nada menos que una cuarta parte del electorado del país. El predominio kirchnerista, sobre todo en la densa tercera sección electoral, es explicable por la densificación de sus políticas asistenciales a partir de 2009 agotado su ciclo económico expansivo. Sin embargo, aun en sus territorios más pauperizados, los resultados de las sucesivas elecciones exhiben desde 2013 que aproximadamente un 25% ha optado por alternativas diferentes a las de los peronismos oficiales. La ampliación o recorte de ese margen resultará crucial para definir el resultado de las próximas elecciones.

¿Cómo explicar esa zona gris que tanto se amplió en 2017? Una primera aproximación probablemente proceda de la propia práctica de las políticas asistenciales, en muchísimos casos venales y arbitrarias. Puntualicemos solo algunos ejemplos: programas de viviendas que no se ejecutaron o lo hicieron defectuosamente, sin cloacas y sin gas, en medio de urbanizaciones desconectadas por falta de asfalto e inundables por insuficiencia de los desagües pluviales. Caldo de cultivo ideal para el desarrollo de los circuitos clandestinos administrados por organizaciones mafiosas como la trata y el narcotráfico. Aislamiento que impide que ingresen allí proveedores de garrafas, ambulancias, remises, servicios postales y de recolección de residuos, incinerados a cielo abierto cada fin de semana. Los servicios educativos y sanitarios tienen que cargar con la inseguridad de sus profesionales y los saqueos recurrentes de sus instalaciones.

Otro ejemplo emblemático es el de las cooperativas de trabajo para desempleados. Diseñadas para calificar a los trabajadores y realizar obras públicas de fuerte incidencia social, la mayoría fueron fagocitados por los Estados municipales u organizaciones sociales -frecuentemente entrelazados- para malversar sus fondos y destinarlos al financiamiento de la política partidaria. Dejaron así una saga de obras mal hechas, incompletas o directamente no ejecutadas. Como contrapartida, sus beneficiarios debieron conformarse con subsidios insuficientes que requieren otros trabajos informales. Hubo “cooperativas fantasma” cuyas obligaciones se midieron menos en términos laborales que en diversas modalidades de movilización política.

También hubo otras inventadas desde los municipios para ahorrar recursos presupuestarios mediante su utilización en actividades contrarias a las de su espíritu primigenio, como la recolección de residuos o el mantenimiento de espacios públicos. Su implementación autoritaria obturó todos los canales de denuncia y protesta cuando el oficialismo comunal se prolongaba jurisdiccionalmente en la provincia y la Nación. La única vía para expresar el descontento fue entonces la electoral, que explica las buenas performances de la oposición al kirchnerismo en 2013 y 2015.

La expansión electoral del actual oficialismo en 2017 procedió en no poco de la descompresión anterior. A ello deben sumárseles programas como El Estado en tu Barrio, que agilizaron expeditivamente la documentación ciudadana y otros trámites hasta entonces engorrosos y a cargo de intermediarios onerosos. Luego, un abastecimiento eficiente de la ayuda a comedores escolares y comunitarios. El cambio se coronó con una política de obras públicas pletórica en realizaciones bajo la forma de cloacas, extensión de la red de agua potable, gas y asfalto, además de la regularización dominial en sus más de mil quinientas villas y asentamientos. A lo que debe sumársele un combate más enérgico contra el narcotráfico en zonas particularmente densas de producción y distribución.

La actitud política de las poblaciones carenciadas está plagada de mitos en parte procedentes de la espectacularización de la protesta por las organizaciones sociales. El primero, es su fervor kirchnerista fanático paradójicamente explotado por los prejuicios de algunas regiones de la clase media. Más perceptible es, en cambio, un notable escepticismo respecto de la política en general, incluido el peronismo. Sin duda que este sigue siendo una marca dominante de significados históricos múltiples y superpuestos. Pero su naturaleza difiere de los tiempos en los que la mayoría de los hogares populares contaban con un empleo formal y una representación que llegaba al movimiento prioritariamente por el sindicalismo. Y torna más volátiles sus lealtades electorales.

Otro mito procede de identificar a los intendentes como “barones” del conurbano, un término anacrónico por varias razones. En primer lugar, por la imposibilidad de más de una reelección, que impide las perpetuaciones aún vigentes en varias provincias. En segundo lugar, la insuficiencia de recursos fiscales para enfrentar las necesidades de sus comunidades carenciadas. Por lo demás, no gozan ni de la simpatía ni de la devoción de referentes y vecinos por “barones” extintos, como Manuel Quindimil, Juan Bruno Tavano o Alberto Balestrini, recordados con nostalgia. Sus orígenes humildes y su trato permanente respecto de marcos sociales tan reprimarizados suscitaban una empatía que no generan los distantes managers actuales.

Algunos hasta hacen gala de su ausentismo radicando domicilio en lujosos condominios privados o elegantes barrios capitalinos. Sus criterios burocráticos descentralizados a través de delegaciones y de funcionarios especializados expertos que apenas recorren los barrios generan rechazo; sobre todo en vecindades abandonadas que solo hacen oír su voz mediante sus referentes de diversa naturaleza, también mitificados bajo la etiqueta descalificadora de “punteros”.

La devaluación sorpresiva de 2018, sus efectos recesivos y una inflación resistente han agravado las penurias en los barrios humildes. Los dispositivos asistenciales han funcionado mejor que en otras coyunturas similares. Aun así, es difícil pronosticar su impacto en ese margen crítico porque los nuevos intendentes han aprendido no solo a recolectar votos en favor de sus candidatos formales, sino a cuidar los propios. Hasta podría conjeturarse que nuevamente harán valer su aporte diferenciado mediante la sutil fragmentación de sus aparatos territoriales. Cuantitativamente marginales respecto de los mitos del clientelismo, pero cruciales en compulsas ajustadas como la que está por venir.

Suposiciones de coyuntura electoral que no deben eclipsar una cuestión de fondo: la urgente necesidad de desplegar políticas reintegrativas de este mundo heteróclito en un doble sentido: el ocupacional, respecto de un capitalismo global tecnológicamente exigente, y el espacial, recomponiendo -o componiendo- ese rompecabezas de piezas dispersas que a solo minutos de la Capital parecen pertenecer a un universo sociocultural exótico y misterioso. Expresión de la grieta más flagrante que supimos conseguir durante las últimas décadas.

Miembro del Club Político Argentino

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