Destapan multimillonarias ilegalidades en una empresa pública del Gobierno aragonés

Una auditoría oficial ha destapado una larga lista de ilegalidades en contratos adjudicados por la empresa pública Sarga, dependiente del Gobierno aragonés y financiada con cargo al presupuesto de la Comunidad autónoma. Las anomalías se prolongaron sistemáticamente durante años, sobre todo durante la etapa del Ejecutivo regional PP-PAR que presidió Luisa Fernanda Rudi, pero también -aunque en menor medida- durante los primeros años de la actual legislatura PSOE-Chunta.

El informe de fiscalización ha sido realizado por la Cámara de Cuentas de Aragón, organismo oficial integrado también en el sector público autonómico. Los auditores han revisado las cuentas de Sarga de los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Entre las anomalías detectadas, sobresalen las relativas a la contratación. De esos cinco años fiscalizados, tres y medio correspondieron a la etapa de Gobierno PP-PAR, que en julio de 2015 se vio relevado por el Ejecutivo PSOE-PAR presidido por el socialista Javier Lambán.

Según los auditores de la Cámara de Cuentas, durante esos cinco años Sarga se prodigó en firmar contratos mercantiles saltándose la ley, lo que pone abiertamente en entredicho la limpieza de esas adjudicaciones y la lista de contratistas que resultaron beneficiados por esas prácticas.

De las inspecciones realizadas se desprende que, entre 2012 y 2016, se realizaron adjudicaciones irregulares por un importe de, como mínimo, 10,69 millones de euros. De ellos, la mayor parte se produjeron en la etapa de Gobierno PP-PAR. Así, se han detectado adjudicaciones irregulares por valor de 3,53 millones de euros en 2012, 2,28 millones en 2013, 1,67 millones de euros en 2014, y 1,82 millones en 2015, año en el que se produjo el relevo en el Ejecutivo regional. En 2016, primer año completo del actual Gobierno PSOE-Chunta, las irregularidades detectadas abarcaron contratos por valor de 1,39 millones de euros.

Ilegalidades recurrentes

Las ilegalidades fueron múltiples. Las más habituales fueron los fraccionamientos de contrato, práctica perseguida por la ley de contratación del sector público porque es uno de los métodos típicos para amañar adjudicaciones: se trocea una obra o servicio en varios contratos, cuyo importe sea lo suficientemente reducido para poder adjudicar cada uno de ellos como «contrato menor», lo que permite elegir a dedo al adjudicatario, sin necesidad de someterlo a licitación pública.

Con esta fórmula del fraccionamiento ilegal de contratos, Sarga adjudicó contratos por un valor total de 5,67 millones de euros entre 2012 y 2016. Y eso como mínimo, porque la cifra incluye exclusivamente la parte de contratos que han sido fiscalizados por los auditores de la Cámara de Cuentas.

En otros casos las irregularidades fueron aún más descaradas, según ha destapado el mismo informe. Así, se han encontrado contratos por más de 1,14 millones de euros, que fueron pagados sin que ni siquiera se tramitara el preceptivo expediente oficial. Y en otros casos optaron por saltarse alguno de los requisitos que marca la ley, lo que en la práctica supuso también una contratación viciada. De esta forma, Sarga adjudicó contratos por valor de otros 3,87 millones de euros entre los años 2012 y 2016.

Sarga fue la heredera de las polémicas sociedades públicas aragonesas Sodemasa y Sirasa, que fueron fusionadas para poner orden en sus controvertidas cuentas. Colocadas en el punto de mira por sospechas de irregularidades y enchufismo laboral, la fusión dio como resultado Sarga, la compañía que sigue operando en la actualidad. Sodemasa estuvo directamente controlada por el PAR durante años, primero en gobiernos de coalición con el PSOE de Marcelino Iglesias y luego en alianza con el PP de Luisa Fernanda Rudi.

En el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, además de destapar esas graves irregularidades en la adjudicación de contratos, también se apuntan a anomalías en materia salarial y de gestión de los recursos humanos, entre otros aspectos.

Reincidente en chanchullos

No es la primera vez que la Cámara de Cuentas destapa ilegalidades en la gestión económica de Sarga. A mediados de 2017, otro informe de fiscalización puso en evidencia un chanchullo multimillonario en sobresueldos y dietas en esta empresa pública de Aragón: comidas a porrillo pagadas con dinero público, salarios a dedo y sin justificar, «gastos protocolarios» sin control… Y todo esto en una empresa pública, Sarga, que nació con el argumento de simplificar y abaratar estructuras y, sin embargo, acabó sumando más directivos que los que tenían por separado las sociedades que se habían fusionado.

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