De la Riva y Silv√°n comparecer√°n como testigos en el juicio por el ¬ęcaso PGOU¬Ľ de Valladolid

El juicio por el denominado ¬ęcaso PGOU¬Ľ, que investiga presuntas modificaciones en la principal herramienta de planeamiento urbano de Valladolid en favor de determinado empresarios, por el que se encuentran imputadas trece personas por delitos de prevaricaci√≥n, falsedad en documento oficial y contra el patrimonio, arranca a partir de este martes, 18 de septiembre, en la Audiencia Provincial.

El juicio, que tendr√° por escenario la Secci√≥n Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid y cuya ponente ser√° la magistrada Teresa Gonz√°lez Cuartero, se prolongar√°, en principio, por espacio de m√°s de dos meses, con tres sesiones de ma√Īana por semana, los martes, mi√©rcoles y jueves.

Los encausados deber√°n asistir a todas y cada una de las sesiones del juicio, salvo aquellas fechas en las que sus defensas acrediten que el testimonio de los testigos citados nada tiene que ver con los supuestos hechos delictivos que se imputan a sus patrocinados.

Una hipot√©tica suspensi√≥n de la vista ha planeado sobre el proceso en los √ļltimos meses como consecuencia de una dolencia sufrida en mayo por el principal inculpado, el exedil de Urbanismo, Jos√© Antonio Garc√≠a de Coca, que le llev√≥ a pasar por quir√≥fano recientemente, si bien parece que tal circunstancia no se producir√° y el acusado ser√° dispensado √ļnicamente el d√≠a en el que tenga que pasar revisi√≥n, informa Ep.

A lo largo de este maratoniano juicio comparecer√°n, en calidad de testigos, distintos arquitectos, t√©cnicos y funcionarios, as√≠ como ex pol√≠ticos como el anterior alcalde, el popular Francisco Javier Le√≥n de la Riva, y miembros entonces de su corporaci√≥n, como Manuel S√°nchez, Tom√°s Punzano, Mar√≠a Luisa Ram√≠rez y Juan Carlos Mu√Īoz. Tambi√©n tendr√° que pasar por el juzgado vallisoletano el actual alcalde de Le√≥n y entonces consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silv√°n.

A los trece imputados se les acusa de delitos por hechos ocurridos a partir de 2003 relacionados con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, fue modificado para, supuestamente, beneficiar a los promotores de distintos proyectos urbanísticos.

En su escrito, la Fiscal√≠a vallisoletana solicita las penas m√°s elevadas, cuatro a√Īos de prisi√≥n, para los principales inculpados e integrantes de la entonces c√ļpula de Urbanismo, el que fuera concejal de este departamento, Jos√© Antonio Garc√≠a de Coca; el arquitecto Luis √Ālvarez Aller y el exjefe del √°rea, Modesto Mezquita, junto con el pago de multas por importe de 37.800 euros e inhabilitaciones en el primer caso por espacio de 43 a√Īos para el puesto de edil y para los otros dos de 27 a√Īos para puestos relacionados con su actividad profesional.

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