Cuando los acusados del 1-O se plegaban ante el Supremo

La petición de los 18 procesados del 1-O de que la causa se traslade al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para no ser juzgados en el Tribunal Supremo llega apenas un año después de que sus defensas emplearan todos sus esfuerzos en conseguir justo lo contrario: que fuera precisamente el Alto Tribunal el que los investigara y juzgara. No fueron pocos los escritos dirigidos a la Audiencia Nacional y al Supremo para que este último asumiera la competencia en detrimento de la juez Carmen Lamela, en quien inicialmente recayó la querella contra los exconsejeros.

Una vez que los hoy acusados consiguieron su propósito y el juez Llarena aceptó asumir la investigación relativa al «exgovern» (sumándola a la que ya instruía contra Forcadell y los imputados de la Mesa del Parlament) parecía que las aguas habían vuelto a su cauce. Los exconsejeros de Puigdemont, a los que Lamela había enviado a prisión, se plegaban ante el Supremo con el mismo optimismo que manifestaba el exdiputado Josep Nuet tras declarar por primera vez ante Llarena el 9 de noviembre de 2017. «Su actitud con nosotros ha sido impoluta y supone una brizna de esperanza (…). Estaba clarísimo que el Supremo quería hacer de Supremo. Es el Estado en el sentido profundo de la palabra. La Audiencia Nacional es una seta en el sistema judicial español», criticaba el hoy acusado.

Hasta el abogado de Junqueras y Romeva (antaño también de Forcadell), Andreu Van den Eynde –quien tendrá un papel clave en el juicio del «procés»– argumentó en un escrito a Llarena que el Supremo debía quedarse con el caso al ser el objeto de ambos procesos (el que empezó en la Audiencia y el del Supremo) «coincidente o, en cualquier caso, conexo». La querella describe unos delitos, señalaba el letrado, «que por su estructura típica de comisión basada en actuaciones grupales y reparto de cometidos, sólo puede ser abordada desde un único proceso», decía.

Pero la investigación avanzaba, y la acumulación de indicios delictivos contra los líderes independentistas iba frustrando las expectativas de los imputados, cuya estrategia procesal dio un giro en aras de dilatar el procedimiento. Pasaban así de pedir Llarena que acumulara las investigaciones abiertas en Audiencia Nacional, TSJ de Cataluña y distintos juzgados de Barcelona, a plantear de forma reiterada una supuesta falta de competencia del Supremo que ha habido que dirimir en una vista monográfica, la celebrada el pasado martes en medio de una enorme expectación mediática. En ella, los abogados defendieron con vehemencia la competencia del TSJC, el mismo que juzgó a Artur Mas por la consulta ilegal del 9-N de 2014, y acusaron a la Fiscalía de elegir el tribunal en el que presentó sus querellas (una contra el «exgovern» y otra contra Forcadell y los exdiputados de la Mesa del Parlament) por «conveniencia». Los procesados argumentan que los delitos que la Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox les atribuyen se habrían cometido en el territorio de la comunidad autónoma de Cataluña, por lo que es al TSJ al que corresponde juzgarles.

El «corazón del Estado»

Por contra, el Ministerio Público considera, por un lado, que el órdago secesionista trascendió del territorio autonómico y tocó de lleno el «corazón del Estado constitucional» español; y, por otro, que en la comisión de esos delitos hay un componente internacional que impide que sea el tribunal autonómico el que enjuicie el caso. Se trata de actividades como la del Diplocat, la creación de un registro de votantes en el exterior, la gestión de locales para votar fuera, la contratación de observadores internacionales o la creación de páginas web en el extranjero para sortear la clausura judicial.

En los próximos días está previsto que el tribunal del 1-O resuelva sobre su competencia. Todo apunta a que lo hará reiterándola, como ha hecho en ocasiones anteriores. Será entonces cuando se fije el calendario del juicio, que arrancará a finales del próximo mes de enero o principios de febrero ya con los 18 procesados sentados en el banquillo por los delitos de rebelión, malversación de fondos públicos y desobediencia.

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