Cristina denunció una trama judicial en su contra

Lo hizo en el Senado a partir de las declaraciones de DAlessio; involucró a la Corte, el Gobierno y EE.UU. Crédito: Comunicación Senado/Juan Carlos Cardenas

Cristina Kirchner utilizó la tradicional sesión preparatoria del Senado como tribuna para realizar una enfática defensa política de su inocencia en los casos de corrupción que se le imputan, los que adjudicó a “un sistema perverso de extrema gravedad institucional” destinado a perseguir a opositores, en el que involucró a la administración de Mauricio Macri, a la Corte Suprema y hasta a la embajada de EE.UU.

La expresidenta insistió en denunciar que es víctima de una persecución política orquestada por el Gobierno, pero ahora respaldó sus acusaciones en las declaraciones que ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, formuló el falso abogado Marcelo D’Alessio, acusado de integrar una asociación ilícita para extorsionar a políticos y empresarios.

“Está claro que esto es un entramado, un sistema perverso de extrema gravedad constitucional e institucional para imponer modelos económicos y sociales de sojuzgamiento”, sentenció Cristina Kirchner al término de una exposición en la que describió la trama de extorsiones en las que habrían participado, según D’Alessio, funcionarios judiciales, de inteligencia, policías y periodistas.

La intervención de la senadora fue el corolario de una jugada orquestada en la que varios miembros del bloque del Frente para la Victoria se turnaron para plantear cuestiones de privilegio que concluían en un denominador común: las críticas a los procesos judiciales contra la expresidenta, al uso de la ley del arrepentido en la causa de los cuadernos de las coimas y a las detenciones de exfuncionarios kirchneristas.

La cuestión de privilegio de Cristina Kirchner fue contra la Corte Suprema, a la que cuestionó por no ejercer su facultad de superintendencia sobre el Poder Judicial ante las revelaciones sobre la injerencia de la política en la Justicia Federal, más precisamente en Comodoro Py.

“A la lawfare (estado de guerra judicial) le hemos agregado la extorsión por parte de funcionarios judiciales, además de la impugnación a los políticos opositores”, denunció.

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