Castilla y León exige al Gobierno el mismo trato para sus minas que para Hunosa

El Gobierno regional y la patronal Cecale (Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León) coincidieron ayer en reclamar al Ejecutivo de Pedro Sánchez el mismo trato para las minas de Castilla y León que para la explotación minera de gestión pública Hunosa, ubicada en Asturias, y que según público ABC, mantendría uno de sus tres pozos en actividad más allá del 31 de diciembre con el beneplácito del Gobierno central con el fin de utilizar el carbón extraído en una pequeña central que tiene la empresa en Mieres.

«El carbón tiene el mismo efecto sobre la emisión de CO2 sea cual sea el territorio que se produzca», señaló al respecto el consejero de Empleo de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, quien solicitó, en relación a esta decisión del Gobierno central la existencia de «un trato igualitario, sin privilegios ni perjuicios, dentro del contexto nacional de las Comunidades Autónomas». Asimismo, el máximo representante autonómico en materia de empleo aprovechó una jornada sobre el Futuro del la Energía organizada en el marco del Diálogo Social para exigir el mantenimiento de la actividad del sector minero «al menos hasta 2030».

Esperanzados

En parecidos términos se manifestó el vicepresidente de Cecale, José Ignacio Carrasco, sobre esta decisión que Sánchez habría tomado en agradecimiento al apoyo que le brindó el socialismo asturiano en sus momentos más difíciles. En la misma línea que Carriedo, el empresario palentino criticó que el Gobierno no vaya a tener un trato igualitario con Castilla y León respecto a la comunidad vecina: «Si el Gobierno va a quedar algo abierto en Asturias, debe quedar algo abierto en Castilla y León», apuntó de manera rotunda Carrasco, e incidió en que «no se deben hacer discriminaciones entre territorios», aunque «la minería esté en declive».

Carrasco mostró también la esperanza de la mesa del diálogo social de que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, valore el acuerdo que le enviaron la semana pasada y de esta forma, se pueda «dar salida a estos territorios que llevan muchas décadas explotando la minería».

Las críticas de Junta y empresarios a este parcial viraje del Gobierno en su política sobre el carbón -fundamentado exclusivamente en el apoyo que la dirigente asturiana Adriana Lastra brindó a Sánchez durante las primarias socialistas- se suman a las vertidas ya la pasada semana desde el Partido Popular..

El diputado nacional del PP, Eduardo Fernández, acusó al Gobierno de «estar buscando enfrentamientos entre los territorios» para salir indemne de la liquidación del carbón. Según el parlamentario popular berciano, esa medida supondría «el remate de las cosas erróneas que está planteando el Ministerio de Transición Ecológica». También desde el Consejo Comarcal del Bierzo, su secretario, Gerardo Álvarez Courel, reiteró entonces su defensa encendida de que las minas se mantengan abiertas y las térmicas continúen quemando.

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