Cambiar las normas laborales para incluir a más trabajadores

Cuando es cruzado por intereses sectoriales, especulaciones políticas o simple ideologismo, algo que resulta obvio para una sociedad se vuelve difuso, enmarañado y termina por generar desánimo y por desalentar el impulso de los cambios que inexorablemente deben llegar al mercado laboral.

Hoy se transita un debate intrascendente entre dirigentes que sostienen que si son nuevamente elegidos retomarán la agenda de las reformas pendientes, sin asumir que el enfoque que se introdujo a casi todos los intentos de reformas laborales desde fines de 2017 han fracasado.

Están también los dirigentes que perjuran que no impulsarán ninguna reforma laboral, procurando tranquilizar a sectores sindicales que deberían estar bregando por repensar las leyes y los convenios que fueron concebidos hace más de 45 años. Lo paradójico es que se actúa como si este statu quo fuera confortable para aquellos trabajadores que se desenvuelven en la clandestinidad y sin derechos, o para aquellos que participan en las nuevas formas de trabajo atípicas que irrumpen de la mano de la tecnología y los nuevos hábitos sociales, como si todos ellos no debieran ser regulados, protegidos e incluidos socialmente.

Aparece una tercera mirada, intermedia, en la que se supedita toda adecuación o regulación laboral a una condición previa: el crecimiento sustentable de la economía. Como si en la Argentina eso fuera sencillo. Hace prácticamente diez años que no se genera empleo formal de manera sostenible y todos los indicadores macroeconómicos de impacto social, como la pobreza, la indigencia o la informalidad, muestran un claro declive. Para quienes sostienen esta tesis, parecería que los sectores más vulnerables deben seguir esperando.

En definitiva, todos abogan por el cambio. Incluso dentro del espacio político que percibe que anunciar una futura adecuación de las regulaciones laborales espanta votos, hay un grupo de técnicos de reconocida trayectoria que han dado a conocer recientemente “Las 13 medidas para mejorar el trabajo en la Argentina”, usando en muchos de esos puntos un lenguaje ambiguo para terminar de reconocer lo inevitable: que la Argentina debe reformular y modernizar sus instituciones laborales, como lo han hecho Brasil y México y como lo está haciendo Chile, por mencionar ejemplos cercanos y países con los que competimos.

Más allá de que no sea políticamente correcto para algunos reconocer la necesidad de reformas, si subyace esa convicción, tal vez haya que tomar un atajo y formular propuestas concretas para que el debate deje de circunscribirse al “qué” para focalizarse en el “cómo” hacerlas.

Este cambio de metodología estimularía a tener un debate de argumentos técnicos para apoyar, rechazar o enriquecer iniciativas concretas, que dejen de lado consignas vacías de contenido o frases de alto impacto pero vacuas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue la primera institución que se encargó de neutralizar el efecto derivado de visiones binarias que instalaron la idea de que, detrás de una reforma laboral, se anida más precarización del trabajo.

Si, por ejemplo, y como se ha dicho y publicado, todos coinciden en que se debe avanzar introduciendo criterios de innovación e inclusión social para regular nuevas formas de trabajo, como es el caso de las economías de plataformas, pues entonces avancemos en propuestas concretas para brindar una protección social inmediata, sin que ello desvirtúe las notas que caracterizan a este cambio de paradigma en las relaciones del trabajo.

Sin empleadores típicos

En particular, el comentario se refiere a las formas del trabajo que, al decir de la OIT, se desenvuelven brindando prestaciones a nivel de cada país, valiéndose para ello de ubers, raiders, rappitenderos, glovers o como se quiera identificar a las diferentes especies del género “trabajadores” atípicos y carentes de empleadores típicos.

Aquí va una propuesta concreta que podría materializarse a modo de prueba piloto y en forma experimental para medir sus resultados y poner en valor el principio protectorio en juego, saliendo de este presente cuanto menos indolente y de absoluta desprotección, ello hasta que el Congreso Nacional se aboque y diseñe la arquitectura normativa definitiva.

Ningún país en la actualidad ha legislado sobre esta materia y, más bien, se deja que el Poder Judicial le otorgue forma a esta atipicidad a través de sus fallos, un mecanismo que resulta riesgoso, además de injusto para los jueces que deben apoyar sus sentencias sobre las instituciones laborales vigentes. En nuestro país eso es sinónimo de obsolescencia.

Para avanzar en esta propuesta he tomado algunas fortalezas del modelo laboral imperante, entre las que se destaca la alta tasa de cobertura convencional.

En la Argentina, más del 83% de los trabajadores están alcanzados por un convenio colectivo y representados por un sindicato. Por ende, esto podría ser un activo para asignarles a estos nuevos trabajadores de la economía colaborativa a través de plataformas de intermediación un ingreso mínimo profesional por una cierta cantidad de horas de trabajo, a través de la negociación colectiva.

Si se parte de un nuevo paradigma, a partir del cual se puede tener empleo sin empleador y una regulación convencional para colectivos que no actúan bajo relación de dependencia -como ocurre en diversos países, entre ellos España e incluso la Argentina- aparecen ejemplos puntuales como es el caso de los extras en televisión o de los productores de seguro.

Los intermediarios -titulares de las plataformas- y sus clientes podrían reasignar una fracción de la tasa de riqueza que proporciona esta actividad lucrativa, en este sentido:

  • Acordar y observar el pago del Ingreso Mínimo Profesional.
  • Brindar una cobertura de riesgos del trabajo (la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo está trabajando en su diseño).
  • Financiar la cobertura médico-asistencial ante contingencias no vinculadas con el desenvolvimiento laboral; esta cobertura podría ser asumida por alguno de los agentes del seguro de salud que la ofrecen hoy a trabajadores autónomos, muchos de los cuales está en cabeza de entidades sindicales.

Esta iniciativa coyuntural dotaría de protección social sin interferir sobre las notas de libertad, autonomía y disponibilidad que caracterizan el trabajo de las personas que se desenvuelven en estas nuevas formas de trabajo, que ya representan el 1% de la Población Económicamente Activa (PEA). Se trata de más de 165.000 trabajadores, una cifra equivalente al esfuerzo que la economía nacional debería hacer cada año, en materia de generación de empleo, para satisfacer la demanda laboral de los jóvenes de 18 años que se incorporan a la vida activa.

El autor es abogado, socio del estudio García, Pérez Boiani & Asociados

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