Barcelona aprueba que el 30% de los nuevos pisos sean públicos

Como se daba por hecho, el pleno del Ayuntamiento de Barcelona ratificó ayer tirar adelante los planes para obligar a los promotores a tener que destinar a vivienda protegida el 30% de las nuevas obras o de las grandes rehabilitaciones, de más de 600 m2. La medida impulsada por el gobierno de Ada Colau contó con los votos de BComú, PDECat, ERC, PSC y CUP, mientras que Cs se abstuvo y el PP votó en contra.

Durante la exposición del proyecto, la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, señaló que con estos cambios se estima que el 75% de la población de Barcelona tendrá cada año acceso a unas 350 viviendas con alquileres alrededor de los 510 euros y a pisos de compra por 137.000 euros, según informa Efe. Las modificaciones del Plan General Metropolitano (MPGM) que lo harán posible tendrán que pasar ahora por la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona, en la que está también la Generalitat, para la aprobación definitiva y aplicación.

Durante el debate, el portavoz de Cs, Koldo Blanco, argumentó su abstención porque están convencidos de que el plan se ha hecho de manera precipitada y puede resultar «ineficaz o tener resultados contrarios a los que todos deseamos». Por su parte, el presidente del PP, Alberto Fernández, se mostró seguro de que las medidas son «una cortina de humo» ya que carecen de un plan económico.

La medida de reservar el 30% para VPO, pionera en toda España, la han promovido las entidades FAVB, PAH, Observatorio DESC, ABTS y Sindicato de Inquilinos, que asistieron como público a la sesión plenaria. La alcaldesa, Ada Colau, visiblemente emocionada, les felició porque «no se han rendido, han sido ejemplo y referente» y también dio las gracias a los grupos por la «valentía» de haber propiciado este «cambio de paradigma».

Nuevas licencias

La obligación del 30% de vivienda asequible que recoge la MPGM del Ayuntamiento de Barcelona se aplicará a las nuevas licencias que se tramiten a partir de la aprobación definitiva, excepto las que acrediten transacciones efectuadas -compra de solar- entre el 1 de julio de 2016 y la aprobación inicial.

Paralelamente, se aprobó una medida que declara todo el municipio de Barcelona como área con derecho de tanteo y retracto y que se aplicará durante seis años, prorrogables a otros seis. El pleno también aprobó, en este caso por unanimidad, que el Ayuntamiento formalice el préstamo de hasta 20 millones de euros con el Instituto Catalán de Financias de la Generalitat para incrementar la inversión en vivienda social en el marco del Consorcio de la Vivienda de Barcelona.

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