Avance del kirchnerismo para controlar las escuchas judiciales desde el Congreso

Cristina Kirchner y Serio Massa dejaron en manos de una comisión que controla el kirchnerismo la fiscalización de las escuchas judiciales Fuente: LA NACION РCrédito: Ignacio Sánchez

Una resolución conjunta firmada hoy por los presidentes de ambas cámaras legislativas, Cristina Kirchner (Senado) y Sergio Massa (Diputados), dejó en manos de la comisión bicameral de inteligencia, controlada por el kirchnerismo, el seguimiento y control de la repartición de la Corte Suprema que tiene a su cargo las escuchas judiciales.

La Comisión Bicameral de Seguimientos y Fiscalización de los Organismos de Inteligencia está presidida por el diputado Leopoldo Moreau y el kirchnerismo controla sus decisiones, ya que tiene amplia mayoría en su integración. Tendrá a su cargo el seguimiento y control de las actividades de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial, encargada de las escuchas telefónicas que ordenan los jueces.

La medida fue tomada poco más de un mes después que el Senado, por impulso de Cristina Kirchner, rechazara el decreto de necesidad y urgencia del gobierno de Mauricio Macri que había dejado en manos de la Corte el manejo de las escuchas judiciales.

La movida pol√≠tica de la vicepresidenta, que busca devolverle el manejo de las intervenciones telef√≥nicas a la Procuraci√≥n General de la Naci√≥n, todav√≠a no se concret√≥, ya que para derogar un DNU se requiere que ambas c√°maras lo rechacen. Eso no ocurri√≥ a√ļn en la C√°mara de Diputados.

La resolución conjunta firmada esta tarde viene a cumplimentar el acuerdo celebrado en septiembre de 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, entre la Corte y el Congreso, cuando firmaron un convenio de colaboración para que el Poder Legislativo realice la fiscalización del cumplimiento de las normas legales en la realización de las intervenciones de las comunicaciones personales ordenadas en el marco de causas judiciales.

Aquel convenio dej√≥ librado al Congreso la decisi√≥n de c√≥mo instrumentar el seguimiento de la tarea desarrollada por la Direcci√≥n de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, nombre que adopt√≥ la oficina del Poder Judicial que qued√≥ a cargo de las escuchas despu√©s de que Macri se las quitara al Ministerio P√ļblico Fiscal, que por aquel entonces todav√≠a encabezaba la kirchnerista Alejandra Gils Carb√≥.

Leopoldo Moreau Fuente: Télam

En el acuerdo celebrado por Cristina Kirchner y Massa se deja expresa constancia que el art√≠culo 34 de la ley de inteligencia (25.520) establece que a la bicameral le corresponder√° “cotejar y analizar la informaci√≥n y controlar que tales oficios hayan respondido a requerimientos judiciales”.

En otras palabras, con esta decisión la bicameral, que controla el kirchnerismo, tendrá acceso a todas las intervenciones telefónicas ordenadas por la Justicia, cuyas constancias obran en poder de la dirección que depende de la Corte Suprema.

En uno de sus dos artículos resolutivos, la medida adoptada por los presidentes de ambas cámaras legislativas establece que la tarea de control quedará a cargo de una subcomisión, que estará integrada por algunos de los 12 miembros de la bicameral, que deberá elevar un informe semestral a las autoridades del Poder Legislativo.

El de las intervenciones telefónicas judiciales se ha convertido en una obsesión de Cristina Kirchner desde que, durante la presidencia de Macri, se divulgaron en los medios de comunicación conversaciones suyas con Oscar Parrilli captadas en el marco de denuncias judiciales por casos de corrupción.

Cristina Kirchner y Oscar Parrilli
Cristina Kirchner y Oscar Parrilli Fuente: Archivo

Precisamente, el ahora senador Parrilli es integrante de la comisión bicameral que tendrá acceso a todas las escuchas ordenadas por la Justicia, incluso de aquellas captadas en las causas en las que fue o todavía es protagonista.

Producto de aquella situación, la actual vicepresidenta comenzó a forjar su denuncia sobre la existencia de una suerte de lawfare (estado de guerra judicial) en su contra, por el que acusa al gobierno de Macri y a la Corte Suprema presidida por Carlos Rosenkrantz.

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