Asesinan a tiros al juez y a una fiscal del caso de la valenciana que mataron en México

Un grupo armado ha asesinado a tiros al juez Abelardo Ibarra y la fiscal Erika Granados, que integraban el tribunal del asesinato de la valenciana Pilar Garrido en México, lo que ha obligado a aplazar el juicio.

Ambos juristas murieron por impactos de bala sobre las 21.30 horas en Franccionamiento Haciendas del Santuario, al sur de Ciudad Victoria, capital de este estado, seg√ļn han informado a Europa Press fuentes de la Procuradur√≠a General de Justicia de Tamaulipas (PGJT).

Las víctimas son el juez de control Abelardo Ibarra Torres y la fiscal Erika Dolores Granados Flores, ambos integrantes del tribunal encargado del caso de Pilar Garrido, asesinada el verano pasado en México.

Los cuerpos sin vida fueron localizados en el interior de un veh√≠culo que era conducido por el juez de control y en el lugar se encontraron hasta 12 casquillos de bala. Las primeras investigaciones apuntan a que fue usada una sola arma de calibre 9 mil√≠metros, seg√ļn ha informado a Europa Press el portavoz de Seguridad del estado de Tamaulipas.

El homicidio del juez y la fiscal ha obligado a retrasar hasta enero el juicio contra Jorge Fern√°ndez Gonz√°lez, el marido de la espa√Īola Pilar Garrido Santamans y principal acusado del asesinato. Desde la Procadur√≠a General de Justicia de Tamaulipas han precisado que, aunque ambos formaban parte del caso de la valenciana, se est√° analizando “todos los entornos, circunstancias y asuntos” en los que ambos funcionarios judiciales trabajan.

Otras causas

En este sentido, han recordado que, por su especialidad en materia penal, estaban implicados en otros casos relacionados con la delincuencia en general y algunos en los que había objetivos ligados a la delincuencia organizada. Se ha ofrecido una recompensa de un millón y medio de pesos (más de 65.700 euros) para las personas que aporten información sobre este caso.

Pilar Garrido, de Massalav√©s (Valencia) fue secuestrada en Tamaulipas el 2 de julio del a√Īo pasado cuando viajaba junto a su marido y en compa√Ī√≠a de su hijo, de corta edad.

Semanas despu√©s, la Procuradur√≠a General de Justicia (PGJ) de este estado mexicano confirm√≥ que los restos √≥seos localizados el 26 de julio en un paraje cercano correspond√≠an a la desaparecida. La familia solicit√≥ una segunda prueba de ADN en Espa√Īa y se confirm√≥.

Durante la investigaci√≥n, la Polic√≠a mexicana trat√≥ de corroborar el testimonio facilitado por el marido, que fue interrogado en calidad de testigo cuando present√≥ la denuncia. A finales de agosto, el marido fue arrestado en Tamaulipas como principal sospechoso del asesinato de su mujer, seg√ļn inform√≥ el jefe Procuradur√≠a y confirm√≥ la Polic√≠a Nacional de Espa√Īa.

Tras su ingreso en prisi√≥n provisional, la familia asegur√≥ que las pruebas contra Jorge Fern√°ndez no eran “concluyentes” y la madre se desplaz√≥ hasta Tamaulipas para traer al ni√Īo. La hermana relat√≥ en una rueda de prensa que las autoridades mexicanas no les dieron “las suficientes pruebas que demuestren al 100 por cien que el culpable es Jorge” y agradeci√≥ a la Generalitat Valenciana que costeara la repatriaci√≥n del cuerpo de Pilar.

La Fiscal√≠a asegur√≥, no obstante, que contaba con las pruebas suficientes para acusar formalmente al marido de Pilar. “Es importante recordar que la Fiscal√≠a ha pasado sus investigaciones mediante todos los m√©todos cient√≠ficos y tecnol√≥gicos para sustentar su caso”, indic√≥ en un comunicado.

Con la audiencia de este martes se llegaba prácticamente al cierre del juicio, pero este se ha suspendido debido a este suceso y no se retomará hasta el 8 de enero, apuntó Govea.

Pilar Garrido desapareció el 2 de julio de 2017 cuando viajaba con su marido y su bebé en auto de regreso a Ciudad Victoria, en el nororiental estado de Tamaulipas, tras pasar unos días en la playa.

A finales de julio se encontraron restos óseos y jirones de ropa cerca del lugar de la desaparición, y 15 días después las pruebas de ADN permitieron identificar a la valenciana.

El caso dio un vuelco cuando la Fiscalía estatal detuvo a Fernández el 29 de agosto de 2017, alegando contradicciones en sus declaraciones.

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