Alicia García precisa que en su ánimo nunca estuvo perjudicar a los exjugadores de la Arandina

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha asegurado este miércoles que en su ánimo nunca estuvo perjudicar a los exjugadores de la Arandina, investigados por abusos sobre una menor, tras considerar en julio «inadmisible y provocador» su contratación por otros clubes de fútbol de la Comunidad.

A través de un comunicado, que reproduce el escrito presentado por la consejera en el Juzgado de Primera Instancia 8 de Valladolid, donde se ha celebrado con éxito el acto de conciliación promovido por los exfutbolistas, que de este modo desisten de querellarse contra ella, Alicia García precisa que en momento alguno, a título personal ni en función del cargo que ostenta en el Gobierno regional, ha estado en su ánimo imputar de forma directa ningún delito a las personas que formulan la denuncia ni a ninguna otra.

De igual modo, manifiesta que, ni a título personal ni institucional, ha contactado en momento alguno con empresa, entidad o institución con el objeto de favorecer ni perjudicar la contratación de tales personas, ni de ninguna otra.

«Soy perfectamente consciente de que los hechos que subyacen en el presente asunto estaban, en aquella fecha -y lo siguen estando en la actualidad- sometidos a un proceso judicial, correspondiendo en todo caso a los tribunales de Justicia pronunciarse al respecto, únicos que tienen competencia para ello», añade García.

Tolerancia cero

Por ello, más allá de lo anterior, el mensaje que en aquel momento de agitación se quiso trasladar a la sociedad y a los medios de comunicación, y que se sostiene en su integridad, apostilla la consejera, es de «firme rechazo frente a todas las manifestaciones de acoso sexual y abusos sexuales en nuestra sociedad, un mensaje de tolerancia cero en el que está comprometida esta administración y que supone, una vez más, empatizar en la necesidad de que toda denuncia por estos motivos sea tratada de manera rápida, adecuada y eficaz, con el máximo respeto al principio de presunción de inocencia y, al tiempo, con la exigencia de aplicación de la ley con el mayor rigor para todos aquellos que sean declarados culpables por los tribunales».

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