Adiós a los funcionarios «calculistas» y menos auxiliares, pues ya no se escribe a máquina

La aprobación de las nuevas relaciones de puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad tras 20 años de vigencia de la anterior lleva consigo a una adecuación de los perfiles a las necesidades actuales. Así, del nuevo catálogo desaparecen figuras que habían quedado «obsoletas», como los «calculistas» o los «empleados de silos».

También se reduce el número de auxiliares en plantilla, pues en dos decenios el ordenador y los programas informáticos han dado el relevo a la máquina de escribir, lo que «multiplica» la capacidad de cada empleado público. A la vez, también hay otras profesiones que ganan espacio. Es el caso de los empleados de cuerpos económico financieros, encargados de fiscalizar las cuentas, de los trabajadores sociales, los licenciados y graduados en Derecho o los inspectores de consumo.

El objetivo de este paso es modernizar la Función Pública, de modo que esté «menos compartimentada» y gane así en «capacidad de respuesta y flexibilidad», señaló la portavoz del Ejecutivo regional, Milagros Marcos, recordando que la plantilla actual data de hace 20 años. Esta actualización es «uno de los grandes objetivos» del acuerdo firmado con los sindicatos en octubre de 2015.

Así, se terminará con la tradicional organización en servicios, secciones y negociados que hasta ahora distribuía a los funcionarios «presuponiendo que el volumen de trabajo sería constante para todas ellas», pero el tiempo ha demostrado que «no» es así, como ocurrió durante la crisis, en la que aumentó la carga de trabajo en los servicios de demanda de empleo. Y esa «excesiva compartimentación» dificultada el paso de unos empleados de unos servicios a otros, pese a depender de la misma Dirección General o Servicio Territorial.

Que puestos con funciones similares se retribuyan por igual es otra de las novedades que introduce el texto, que persigue «acabar» con la situación dada hasta ahora en retribuciones dispares. Además, se introducen «mejoras» retributivas en 1.460 puestos de trabajo de los 16.800 que existen, lo que supondrá un coste anual de 1,7 millones de euros. Para este 2018, los Presupuestos de la Comunidad ya reservan una partida de 425.000 euros, para cubrir el mayor gasto una vez que entre en vigor la nueva relación de puestos de trabajo a partir del 1 de octubre.

El acuerdo de la Consejería de la Presidencia también lleva aparejada una reducción de los puestos de libre de designación y de concurso específico. Así, las plazas de libre designación menguan en 371, pasando de las 1.252 que hay actualmente a 881, y reservadas fundamentalmente para puestos de jefe de servicio o secretarías de alto cargo. Ésas se cubrirán por sistema de concurso, donde sólo se valora la antigüedad o la carrera profesional.

Trato con menores

Otra de las novedades está relacionada con ciertos requisitos legales que se exigirán para cubrir algunas plazas. Es el caso de los puestos que implican trato con menores, para los que se requerirá estar en posesión del certificado negativo del registro de delincuentes sexuales. También la exigencia del máster en Formación de Profesorado para los docentes de las escuelas de capacitación agraria.

Desde el sindicato CSIF mostraron su «rotundo» rechazo a esta modificación, pues considera que «siguen un modelo de función pública obsoleto» que no va a resolver las deficiencias de los servicios públicos ni solucionar los problemas de los empleados.

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