Abren diligencias por los vetos de Abel Caballero a la oposición en Vigo

El Juzgado de Instrucción nº2 de Vigo ha decidido abrir diligencias para aclarar si el alcalde olívico, Abel Caballero, ha incurrido en un delito contra las garantías constitucionales, vulnerando el derecho de la oposición en el Ayuntamiento al impedirle el acceso a determinada documentación solicitada, y que versaría sobre distintos asuntos municipales.

La querella parte de la portavoz del PP, Elena Muñoz, que ayer informó de la admisión a trámite de su denuncia. «No nos gusta judicializar la vida política, pero es el único camino que nos ha dejado el alcalde», explicó, «la democracia se basa en la transparencia, y hay unas obligaciones que hay que cumplir, no se puede usar la mayoría absoluta para pisotear los derechos de los grupos políticos y los vigueses tienen derecho a conocer».

En el escrito de la denuncia —al que ha tenido acceso ABC—, el PP enumera hasta veinticinco ocasiones en que se dirigió al gobierno local solicitando diversa documentación, y «ni una sola de las solicitudes efectuadas, y reiteradas, fueron atendidas». «No solo no se facilitaron las copias solicitadas, sino que ni siquiera se dio vista de la documentación que, en casa caso se estaba pidiendo». En su opinión, lo más intolerable «es que esta conducta la ejerza [el alcalde] a sabiendas de que no puede hacerlo, y burlando una y decenas de veces los requerimientos practicados».

Entre los documentos requeridos figuran principalmente informes económicos sobre el coste para las arcas públicas de políticas municipales, como los famosos «dinosetos» que pueblan Vigo, la instalación del «Alfageme» en la rotonda de Coia, las facturas de la concesionaria Imesapi —en la que se colocó a dedo a una familiar de Carmela Silva, proceso que espera la celebración de juicio— o el plan de liquidación del rescatado Palacio de Congresos. También figuran solicitudes sobre analíticas de agua potable en la ciudad, después de la polémica del pasado verano, en la que la Xunta alertó de la insalubridad en determinados puntos de la red de Vigo, cuestión negada por el Concello. «La actitud del querellado, reiterada, ha sido la de menospreciar la labor de los representantes de una parte de los ciudadanos», hasta el punto «que ha impedido desempeñar de forma rigurosa la oposición».

Desde el gobierno local, su portavoz Carlos López Font negó ayer que exista «ocultamiento» de documentación e informes hacia el PP, y aseguró en declaraciones remitidas a los medios que este partido tiene «acceso total», «reciben puntualmente documentación» y «pueden acceder telemáticamente a los expedientes».

El juzgado ha llamado al secretario municipal a prestar declaración como testigo el próximo 26 de febrero.

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